En las últimas décadas, la participación de las mujeres en la política ha aumentado significativamente, desafiando estructuras históricamente dominadas por hombres.
Sin embargo, este avance ha venido acompañado de una preocupante manifestación de violencia política de género, que busca menoscabar y anular los derechos políticos y electorales de las mujeres.
Esta violencia se manifiesta de diversas formas, desde agresiones psicológicas hasta campañas de desinformación que prolongan estereotipos y prejuicios de género. Del mismo modo, la desinformación de género juega un papel importante al distorsionar la percepción pública y socavar la credibilidad de las mujeres en la esfera política.
Ante esta problemática existente, es importante recabar información y exponerla para visibilizar y aportar soluciones a las debilidades que presentan las instituciones y los marcos regulatorios. Es por eso que ONU Mujeres reunió una gran cantidad de expertas en el tema, a través de un diálogo, el pasado 29 de agosto, para exponer aspectos relevantes y datos verídicos sobre la situación que padecen las mujeres en el ámbito digital.
En este artículo se expondrá los diferentes argumentos de las especialistas en el área que proporcionaron, sobre la violencia hacia las mujeres políticas con énfasis en el ámbito digital.
Violencia Política de Género en Línea
Para conceptualizar esta problemática, Amy Rice Cabrera, politóloga de la Universidad de Buenos Aires, ofrece una definición de la violencia política basada en género durante su intervención. La panelista indica que esta es una afectación de los derechos políticos de las mujeres, llegando a tener repercusión en contextos electorales y provocando un impacto negativo en las candidaturas, campañas y/o elecciones.
En general, esta forma de violencia impide el avance de la igualdad en la política, debido a que limita el acceso de más mujeres a la política y al llegar, enfrentan riesgos de que puedan ser expulsadas, una vez que alcanzan sus puestos.
Magdalena Furtado, oficial a cargo de ONU Mujeres Argentina y directora de programas de ONU Mujeres Uruguay, expresó que la violencia digital es la extensión de la violencia de género estructural de la cual ya se encuentran expuestas las mujeres, con la diferencia de que en el ámbito digital se unen otras característica como la inmediatez, la réplica exponencial y el anonimato.
ONU realizó un estudio en distintos países, en el que uno de los mayores hallazgos es que se documentó medio millón de tuits, en el que mujeres que se posicionan en igualdad e género sufren el doble de ataques que mujeres que no se posicionan en estos temas.
La Dr. Laura Albaine, investigadora adjunta de CONICET y docente regular de la carrera de ciencias políticas de la Universidad de Buenos Aires, expresó que las redes sociales son un ámbito donde se manifiesta la violencia política de género y en donde se viraliza rápidamente, por lo que afecta los derechos políticos y electorales de las mujeres.
Cabrera expone un estudio elaborado en Uruguay en donde se realizó un análisis comparativo de los tuits que recibieron legisladores y legisladoras en 2021. En el mismo, se observó que las mujeres recibieron un 58% de mensajes en donde se menospreciaban sus capacidades, en comparación del 37% que recibían sus compañeros legisladores.
De modo idéntico, la periodista Paula Walker, profesora en el magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile, mostró una nube de palabras más usadas en discursos violentos en la plataforma de Twitter (actualmente, X) hacia mujeres constituyentes en Chile, donde se observó cómo se menospreciaban sus capacidades, siendo los insultos más comunes: tonta, ignorante, payasa, entre otras.
Y, como indica la periodista Carolina Molla, quien integra la directiva del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) desde 2012, esta violencia en línea hacia las mujeres con voz pública impacta directamente en su libertad de expresión. Recurren a limitar su participación en las redes sociales y/o evitan manifestarse sobre determinados temas.
A pesar de esto, Molla expone que aun cuando las mujeres con voz pública desean no expresar su opinión sobre algún tema, se ven obligadas por sus acosadores a dar su opinión sobre dicho tema, forzándolas a través de retuits o citas.
También hay que destacar que, como expresó la Dra. Albaine, no todo hecho es violencia política de género, ya que las críticas a su desempeño no necesariamente deben estar sujetas a estereotipos de género. Cuando se habla de mensajes ofensivos y discriminatorios sobre estos estereotipos de género, es cuando se habla de violencia política de género.
Marco regulatorio en América Latina
La Dra. Laura Albaine expuso sobre los marcos regulatorios en América Latina relacionados a la violencia de género en el campo político y electoral, que se lleva a cabo, sobre todo, a través de las redes sociales.
Estos marcos regulatorios funcionan como herramientas que facilitan el identificar la violencia de género, una problemática difícil de reconocer en el ámbito político, debido a que adopta connotaciones propias asociadas a la competencia político-electoral. Por ende, es importante adoptar los compromisos internacionales existentes y aplicar las normas nacionales.
La Dra. Albaine destaca que América Latina se encuentra en la vanguardia en cuanto a la construcción de instrumentos normativos que actúan contra la violencia política de género, siendo ya 15 países que han creado legislaciones que se pueden clasificar en leyes específicas, leyes de violencia de género y leyes que regulan la competencia político electoral y en instituciones políticas.
Paralelamente, existen otros tipos de marco regulatorio. Como los protocolos, que tienden a ser adoptados ante la presencia de un vacío legal o para hacer eficaz la implementación de los marcos legales ya adoptados. Otros tipos de marco regulatorio son las reglamentaciones y compromisos que se encuentran en los partidos políticos.
En los últimos años también han surgido manuales, que detallan cómo actuar ante un hecho de violencia política de género, y observatorios, que se orientan a relevar datos y a conocer la magnitud del problema con el objetivo de diseñar políticas públicas adecuadas.
Los marcos regulatorios no se encuentran exentos de retos que se deben afrontar a nivel institucional. La Dra. Albaine menciona, entre los retos, la conceptualización, sus manifestaciones, las instituciones competentes, las vías de denuncias, las sanciones, medidas de protección y reparación, el cómo abordar los partidos políticos y las organizaciones y los medios de comunicación y las redes sociales.
En cuanto a las redes sociales, hace referencia a la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política. Dicha ley reconoce que las redes sociales son un ámbito público donde se genera la violencia política de género, hace referencia al Mecanismo Nacional de las Mujeres (órgano rector de las políticas de igualdad de género y derechos de las mujeres del Poder Ejecutivo) y a la importancia de que se aborden estrategias de cooperación para que se difundan los derechos políticos de las mujeres.
Así mismo, le otorga un rol clave a los organismos electorales al afirmar que tienen el deber de promover que no se violenten los derechos de las mujeres ni la imagen de aquellas que participan en la vida pública y su privacidad y de combatir los contenidos que refuerzan, justifican o toleran la violencia contra las mujeres en la vida política.
Sin embargo, aun ostentando todos estos avances normativos, los marcos legales aún presentan un gran vacío respecto a las redes sociales, debido al desafío que representa regularlos. Otro de los retos es el cómo sancionar la violencia política de género en línea, teniendo en cuenta la dificultad para delimitar y regular.
Entre los desafíos, la Dra. Albaine menciona la identificación de la cuenta agresora, que en la mayoría de los casos son cuentas falsas, con el objetivo de realizar numerosos ataques a una misma mujer para obligarla a desistir de sus esfuerzos.
Por otra parte, se encuentra el debate sobre la libertad de expresión y la afectación de un derecho de una tercera persona. Sin embargo, recuerda que hay que tener en cuenta que la libertad de expresión no puede ir en contra de los derechos humanos y, por tanto, tiene un límite.
Como ejemplo de regulación, se hace mención de la Ley Nº 10.235 de Costa Rica, una ley específica de violencia política de género y algunos aspectos asociados a las redes sociales. Dicha ley indica que lo que ocurre en las redes sociales son una manifestación de la violencia política de género y contempla como agravante el uso de las mismas para amplificar el alcance de esa violencia.
Otro ejemplo de marco regulatorio es el que señala la abogada Bárbara Muracciole, investigadora en el impacto de la tecnología en los derechos y en los abordajes regulatorios. Durante su exposición hace mención de la Ley N° 19580 de Uruguay, que define la violencia contra las mujeres basada en género, particularmente la violencia política y la violencia mediática.
Para concluir sobre este punto, la ponente expresa la importancia de avanzar en el diseño de marcos regulatorios contra la violencia política de género, sobre todo en donde se contemple el entorno digital. Es importante sancionar estas prácticas con leyes efectivas y utilizar las redes sociales en forma positiva para apelar a la sororidad y enviar un mensaje positivo.
La desinformación de género
La especialista en violencia basada en género en línea de ONU mujeres, la Dra. Paulina Ibarra, hace mención sobre lo que es falso o incorrecto para ocasionar un perjuicio a grupos, personas u organizaciones. La desinformación a través de los años se ha denominado como información falsa, creada y difundida deliberadamente, es decir, es información que suele propagarse con el conocimiento de que es errónea, con el fin de perjudicar a alguna persona y la intencionalidad es lo que suele definir a una desinformación, algo complejo de demostrar.
Por tal motivo señala que hoy en día no hay una separación entre los derechos digitales y los derechos fundamentales, dado que la continuación de la violencia ya cruzó esa línea y el rol de los Estados es proteger esos derechos, a través de la legislación, para regular la industria de las redes sociales.
La Dra. Paulina Ibarra indica que debido a este fenómeno se deriva justamente la desinformación de género que está basada en una serie de prejuicios, estereotipos, misoginia, normas sociales y culturales que amenazan y silencian a las mujeres con la finalidad de excluirlas de los espacios públicos (política, los derechos humanos, periodistas, defensoras del medio ambiente, entre otros diferentes puestos de poder).
¿Qué se distingue entre desinformación y desinformación de género?
La ponente señala que la desinformación hacia los hombres se debe principalmente a los comentarios realizados en redes sociales por lo que piensan, en cambio los ataques a las mujeres es por quienes son.
Estos ataques se enfocan a las mujeres en puestos públicos reforzando así el fenómeno de violencia política contra ellas, cuando la desinformación de género en la vida pública ataca a una persona no solamente está atacando a esa mujer, sino a la institucionalidad que ellas representan.
Por otra parte señala sobre tres características importantes sobre la manifestación de desinformación de género:
- Las mujeres son el principal objeto, debido a su género
- Es sexista
- Violenta contra su género en su forma de expresión y/o ejecución, como las amenazas sexistas
Su objetivo es desalentar, impedir o dificultar la participación de las mujeres en la vida pública, en la democracia, en los procesos electorales, en los espacios de toma de decisiones y en todos los ámbitos existentes.
También, la ponente hace hincapié sobre los datos de la región, según la Fundación Multitudes, 56% de las jóvenes activistas decidirían no entrar en la vida pública si son objetos de campañas de desinformación de género.
¿Cómo podemos combatir la desinformación contra las mujeres en la vida pública?
Paulina destaca que es importante establecer algunos principios orientadores y una de ellas es que tenemos que reconocer plenamente los derechos humanos tal como la libertad de expresión, aceptar que las plataformas de las redes sociales son una industria y por lo tanto, deben estar sujetas a marcos legales, lo que hoy en día es muy difícil que se entienda.
Reconocer la importancia de proteger la información como el trabajo y las narrativas de las y los periodistas, promover una gobernanza respetuosa, especialmente en términos de uso del internet, de IA, del WiFi y de los algoritmos, buscar soluciones mediante la participación de múltiples actores y países, fortalecer una esfera pública saludable y garantizado una infraestructura pública que esté guiada por instituciones democráticas, diseñar políticas públicas que aseguren la rendición de cuentas de las empresas de tecnología, fomentar la colaboración internacional, entre otros.
También, la panelista destacó que se debe aumentar la inversión en sistemas de tecnología de seguridad, ciberseguridad y desinformación, políticas públicas enfocadas en la violencia de género, de forma digital, entre otros.
Igualmente la Dra. Paulina Ibarra hace referencia en primer lugar, al reconocimiento que la desinformación de género es un problema público y se puede ver en la educación, la salud, los derechos reproductivos y en el acceso a nuevas oportunidades para las mujeres. En segundo lugar, aumentar el trabajo de investigación para comprender el fenómeno de la desinformación de género.
Con respecto a la periodista Paula Walker menciona una encuesta realizada por el Ministerio de Interior de Chile en 2023, en donde participaron tanto hombres como mujeres y se les preguntó si recibían violencia por redes sociales, un 36% dijo que sí recibían violencia y un 61% dijo que no.
La encuesta arrojó resultados acerca de las redes sociales en las que más recibían violencia, las cuales mencionaron, Instagram, WhatsApp, X y Facebook.
En dicha encuesta también se les preguntó si conocían algún método de denuncia y el 81% dijo que no, mientras el 19% dijo que sí. Otra de las preguntas que se les realizó era si sabían cuáles eran los más afectados en esta violencia digital y el 90% dijeron, las niñas, los niños y los adolescentes, mientras que un 63% dijeron que las mujeres.
Esto quiere decir que hay una percepción tanto de hombres y mujeres que las víctimas generales son la infancia, la adolescencia y las mujeres.
El 80% de las entrevistadas omitió opinar o manifestarse en determinados temas luego de haber recibido ataques en línea.
Para finalizar, la periodista Carolina Molla toma de referencia la pandemia como un momento histórico, en el que se pudo observar la importancia de regular la violencia de género en el ámbito digital. También, Molla señala que cuentan con un registro de casos en línea y las víctimas refieren que la amenaza y la agresión está normalizada en la sociedad, como las reglas del juego en el mundo del periodismo y de la política.