Fuente oficial: La TV Calle
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció las precarias y violentas condiciones a las que están sometidas las mujeres privadas de libertad en cárceles y calabozos policiales de Venezuela, en el marco del día de la eliminación de la violencia contra la mujer.
Según el OVP estas mujeres enfrentan una vulnerabilidad extrema, agravada por abusos sexuales, negligencia y carencia de condiciones mínimas de reclusión, violando gravemente sus derechos humanos.
Mujeres obligadas a tener relaciones sexuales
En un informe reciente, el OVP destacó que las internas son obligadas a mantener relaciones sexuales con custodios o efectivos de la Guardia Nacional para acceder a beneficios o mejoras en sus condiciones carcelarias.
Además, enfrentan humillaciones constantes, desnutrición y falta de acceso a servicios básicos como agua potable y toallas sanitarias o tampones durante sus menstruaciones.
Destacaron que en Venezuela solo existe una cárcel para mujeres, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). El resto son anexos femeninos improvisados, que ni siquiera cumplen con los estándares mínimos de reclusión y tampoco atienden las necesidades particulares de las mujeres.
“Un total de 16 anexos femeninos no son más que infraestructuras improvisadas que se encuentran adosadas a las cárceles masculinas, y que por su misma naturaleza no cuentan con los parámetros necesarios para cumplir con la perspectiva de género.
Actualmente en el INOF se encuentra el 28% de las mujeres privadas de libertad en Venezuela, con un total de 650 mujeres y un hacinamiento crítico de 185,71%”, señala el informe.
Humberto Prado, director del OVP, señaló que la violencia contra estas mujeres también afecta a sus familiares, quienes denuncian maltratos durante las visitas, incluyendo tocamientos indebidos y requisas humillantes realizadas por personal masculino.
Otras condiciones críticas
El OVP también alertó sobre denuncias recientes de abusos sexuales y negligencia en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, en el estado Miranda, donde mujeres detenidas arbitrariamente tras la represión poselectoral enfrentan condiciones particularmente críticas.
Además, el Observatorio denunció la opacidad del Estado respecto a decisiones penitenciarias, como la suspensión de visitas en el Internado Judicial Capital Rodeo I. Este centro ha sido escenario de graves violaciones a los derechos humanos, con medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los internos. Sin embargo, estas medidas han sido incumplidas sistemáticamente por el gobierno venezolano.
“Garantizar un trato digno y humano a las mujeres en prisión no es solo una obligación legal, sino un acto de humanidad que refleja el compromiso real con los derechos humanos y la igualdad de género. La prioridad es la implementación de políticas penitenciarias con perspectiva de género, basadas en las Reglas de Bangkok, que prioricen la dignidad de las mujeres y eliminen cualquier forma de violencia o discriminación”, concluyó Prado.