Fuente oficial: Crónica Uno
Mercedes Muñoz, directora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), sostiene que en Venezuela muchas mujeres desisten de denunciar a sus agresores debido a la ineficiencia del sistema de justicia que en ocasiones las deja expuestas y termina siendo más peligroso para las víctimas.
“A veces el Ministerio Público pronuncia las medidas cautelares (a favor de las víctimas), pero no garantiza que se cumplan. Una medida cautelar es para que el agresor, por ejemplo, si convive con la víctima, se mude de la casa. Ellos no pueden vivir juntos porque se corre el riesgo de que haya otro acto de violencia más violento que el anterior”, dijo Muñoz.
A juicio de la experta, se necesitan generar medidas y proveer los recursos para garantizar la seguridad de las víctimas mientras están en proceso judicial tras denunciar a su agresor.
“Se supone que las mujeres deberían estar protegidas y a los agresores se les deben dictar unas medidas llamadas cautelares o de protección. Y se debe velar porque se cumplan, no es nada más dictarlas”.
Luisana Angulo, integrante de la Red Naranja, manifestó que existen varias medidas que puede implementar el Estado para proteger a las mujeres mientras están en proceso judicial. Entre estas están la custodia personal o residencial, el apostamiento policial y el alojamiento temporal en lugares reservados o centros de protección.
Jennifer fue asesinada
Jennifer Andreína Quintero, de 27 años de edad, fue asesinada el 21 de octubre de tres puñaladas en el cuello y la cabeza por su novio Brayan Orlando Noguera Paredes. El hecho ocurrió dentro de una vivienda en el sector Los Eucaliptos en El Nacional, en Los Teques, estado Miranda.
El hombre estaba bajo régimen de representación en un tribunal por violencia de género. Además tiene un expediente policial abierto (número K-19-0155-00493) con fecha de 20 de mayo de 2019 por el delito de robo genérico, según Diario Avance. Pese a que el agresor estaba bajo averiguaciones, no hubo impedimento para que atentara contra la vida de Jennifer.
Recientemente, Tarek William Saab, informó que desde el inicio de su gestión en 2017, el Ministerio Público ha recibido 317.584 denuncias por casos de violencia de género, y que estas cifras demuestran que en promedio se registran 100 nuevos reportes diarios.
Durante ese período, 6.102 hombres fueron condenados por violencia contra la mujer. El Ministerio Público también realizó 62.671 imputaciones y otorgó 549.872 medidas de protección a las víctimas.
En ese sentido, Muñoz señaló que las medidas de protección no son una sanción para el agresor. Se logra una sanción una vez que se procese la denuncia y se lleve a juicio si hay suficientes elementos de convicción. Una vez en juicio, se logra una sanción o castigo.
“O sea, que el número de personas agresoras que son juzgadas y condenadas por la justicia por ese delito es muy inferior al número de denuncias”.
La experta mencionó que la obtención de medidas cautelares puede llevar tiempo porque requieren procedimientos burocráticos. Además de la “falta de atención adecuada y la mala preparación de los funcionarios que atienden la problemática”.
Sin casas de abrigo
Por ley, las mujeres sobrevivientes de violencia de género tienen la oportunidad de resguardo temporal en casas de abrigos, que son espacios clandestinos destinados a la atención de ellas y sus hijos. Luisana Angulo enfatizó en que “el Estado tiene un déficit de entidades de atención y protección”, lo cual “es una de las deudas estructurales en la protección de la mujer y su núcleo familiar”.
La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en 1998, establece que las autoridades estadales y municipales deben crear casas de abrigo “en cada una de sus dependencias”. El territorio nacional está compuesto por Distrito Capital, 23 estados y 335 municipios.
Una investigación de Crónica.Uno publicada en 2022 revela que desde 2001 se inauguraron solo siete casas de abrigo en el país, de las cuales una está operativa y otra en mantenimiento.
Femicidios en el país
La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia en su artículo 14 como todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado la muerte, un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado.
Tal disposición describe 21 tipos de violencia contra la mujer. El femicidio es la causa extrema por odio o desprecio hacia una mujer por su condición de mujer.
Las expertas coinciden en que la atención oportuna a mujeres sobrevivientes de violencia es crucial para salvar sus vidas y las de sus familias. Por ello, es fundamental contar con medidas que prevengan la violencia, brinden atención integral a las víctimas y garanticen el acceso efectivo a la justicia.
Saab precisó que en los últimos siete años 540 hombres fueron condenados por feminicidio en el país.
El funcionario expresó que desde 2017, el Ministerio Público ha registrado 1.279 causas relacionadas con este crimen. De estas, 938 resultaron en imputaciones contra los feminicidas.
Luisana Angulo también sugirió una revisión exhaustiva de las leyes especiales que establecen las penas por los delitos. Mencionó que en el caso de la violencia psicológica «que causa un daño irreparable», la pena es muy pequeña. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que quien violente psicológicamente a una mujer recibirá una sanción penal de apenas seis a 18 meses.