Por: Yolima Arellano
En ejecución de la campaña “ÚNETE a los 16 Días de Activismo para Eliminar la Violencia contra las Mujeres”, representantes de la comunidad universitaria, entre ellos, la Consejera Universitaria de la Universidad de Los Andes, Katherine Barrera, estudiantes, Elizabeth Castillo y Víctor Pérez, líderesas estudiantiles y de organizaciones de la sociedad civil como Ivannova Armas Directora del Centro LGBTIQ+, Valeria Castro de Fedehu y Aula Abierta y Verónica Colina de Cepaz, además de personal administrativo como la Periodista Fanny D’ Jesús y de otras organizaciones como, Nathalie Carrillo de la Cátedra de la Paz ULA, Jau Ramírez del Movimiento Somos y Yolima Arellano del Observatorio Venezolano de los DDHH de las Mujeres, hicieron entrega al Dr. Mario Bonucci, Rector de la Universidad de Los Andes de un ejemplar del modelo de protocolo para la Prevención y Atención en Casos de Violencias, Acosos Sexuales y Laboral en la Universidad.
Dicho protocolo fue producto del Proyecto Liderazgo Femenino y Derechos Humanos liderizado por Aula Abierta con apoyo de la Embajada de Francia (PISSCA), cuyo objetivo es el fortalecimiento de la participación de la mujer y otros grupos vulnerables en la discusión de los asuntos públicos en Venezuela, acorde con el objetivo N° 5 de la Agenda 2030.
Durante el desarrollo de este proyecto, se aplicaron 2 encuestas (2021-2022) en la ULA, LUZ, UCLA, UCV, UC y UNELLEZ, con el fin de diagnosticar la situación de los derechos de las mujeres de la comunidad universitaria venezolana, cuyos resultados demostraron que la Universidad no es un espacio seguro para estas, la violencia de género contra las mujeres afecta derechos fundamentales como los derechos a la vida, a la salud, al desarrollo pleno de la personalidad, a la libertad, al trabajo, a la educación, al desarrollo personal y a la libertad de expresión entre otros; por lo que se insta al diseño y ejecución de un Plan para Prevenir y Atender las violencias de género contra las mujeres en la Universidad, pues el derecho a la Libertad Académica no puede garantizarse si mas del 50% de la población universitaria representada por las mujeres son víctimas de violencia de género y discriminación.
Este modelo de Protocolo constituye una de las políticas institucionales dirigidas a establecer mecanismos que permitan diseñar hojas de ruta para la recepción de denuncias, el desarrollo de las investigaciones respectivas, la asesoría legal y atención psico social a las víctimas junto a la imposición de sanciones a los agresores; entre otras acciones dirigidas a que las víctimas y sobrevivientes sean escuchadas y reciban respuesta reparadora, adecuada a cada caso particular. Así mismo, su socialización permite desarrollar campañas de sensibilización, información y capacitación sobre las implicaciones de las violencias basadas en género, sus causas, consecuencias y formas de abordaje, visibilizando conductas y patrones que no son normales en las relaciones interpersonales y por tanto deben ser denunciadas y sancionadas; mediante medidas disciplinarias ejemplarizantes que conlleven a una política de tolerancia cero a la violencia basada en género en las universidades; lo que unido al registro y sistematización de data con indicadores de género, permitirá identificar las formas específicas en que la violencia y la discriminación afectan a los grupos más vulnerables, a fin de diseñar y ejecutar proyectos o programas dirigidos a su prevención.
El siguiente paso a seguir será entregarlo formalmente al Consejo Universitario, para su respectiva revisión, adecuación, aprobación y posterior implementación, con el objeto de garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y de todos los integrantes de la comunidad universitaria.