Ante la ausencia de estadísticas oficiales promovidas por el Estado venezolano desde 2016, las organizaciones de la sociedad civil trabajan continuamente en documentar los distintos tipos de violencia de género, a través de monitoreos de medios de comunicación, encuestas, grupos focales, entre otras herramientas de documentación de las diversas realidades de las mujeres venezolanas.
Sin embargo, es importante resaltar que la labor de documentación de las ONG no suple la obligación del Estado en materia de recolección, análisis y publicación de datos oficiales, sino que permite conocer parte de la realidad de las distintas violencias de género que enfrentan las mujeres venezolanas.
De acuerdo a lo documentado por Fundamujer, en los casos que se atienden en el servicio psicolegal Unidas por Ti en 2022 se vio mayormente reflejada la violencia psicológica, así como la violencia digital, especialmente contra niñas, niños y adolescentes. Además, se observó manipulación para la explotación, prostitución y otras perversiones a los más vulnerables en este caso.
Además, dentro de la sociedad venezolana continúan acciones que promueven estereotipos de género, los cuales se encuentran muy arraigados en los distintos espacios de la sociedad e incluso, la Red Mérida Feminista advirtió de las prácticas de actores locales y nacionales, a través de discursos oficiales de voceros del Gobierno nacional que promueven la maternidad como una obligación de las mujeres. Además, los gobiernos locales refuerzan estereotipos de género en la implementación de políticas públicas y programas que asocian a las niñas y mujeres a roles de belleza, maternidad y cuidado a través de elecciones de reinas de belleza en eventos culturales municipales y jornadas dirigidas a las mujeres en las áreas de belleza que obvian las necesidades básicas de esta población.
Igualmente, las víctimas de violencia se enfrentan a distintas barreras en las instituciones públicas, para poder realizar la recepción de la denuncia, tener acceso a la justicia y a la implementación de medidas de protección. Lo complejo no es solo que en los Tribunales de Violencia contra la Mujer exhorten a los agresores con medidas de alejamiento y de protección, sino que estas sean respetadas en la realidad, ya que no hay personas responsables del Estado que puedan garantizar que estas acciones sucedan, tal como fueron ordenadas y que las víctimas no se encuentren en peligro.
Los obstáculos para acceder a la justicia se han profundizado y existen barreras institucionales, procesales y procedimentales notorias en la burocratización del sistema de justicia, como la cantidad de procedimientos y requisitos requeridos a lo largo de un proceso judicial que dificultan, desmotivan y revictimizan a la víctima en el seguimiento del caso; la falta de un sistema de información inmediata por parte de las instituciones públicas, en especial a nivel judicial e incluso, la falta de sensibilización de algunos servidores públicos, como señala Cepaz.
La Fundación Vida Jurídica expresa que el retardo procesal penal injustificado y de manera incorrecta, deja sin protección y garantía procesal a las víctimas. Por ello, es necesario que el Estado actúe con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y proteger cada caso que ocurra, tanto en el ámbito privado o en la esfera pública.
Los centros de atención no cuentan con personal preparado en perspectiva de género, las líneas telefónicas disponibles son pocas, de difícil acceso, y no abarcan la totalidad del territorio nacional.
Por otra parte, para hacer cumplir ciertas medidas de protección, el Estado requiere contar con casas de abrigo, tal como lo señalan los tratados internacionales y la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, no existe información oficial sobre la disponibilidad de casas de abrigo que actualmente garanticen un espacio seguro para las víctimas que se encuentran en riesgo.
Por otra parte, para hacer cumplir ciertas medidas de protección, el Estado requiere contar con casas de abrigo, tal como lo señalan los tratados internacionales y la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, no existe información oficial sobre la disponibilidad de casas de abrigo que actualmente garanticen un espacio seguro para las víctimas que se encuentran en riesgo.
De manera extraoficial, se conoce que a partir del año 2014 se habían creado cuatro casas de abrigo en el país, en los estados Aragua, Cojedes, Sucre y Trujillo. Luego, las casas de abrigo de Sucre y Trujillo funcionaron hasta el primer semestre de 2018, y las de Aragua y Cojedes funcionaron hasta el primer trimestre del 2019. Seguidamente, una de las casas de abrigo que se encontró activa desde el año 2020, fue la Casa Violeta en Táchira, con el apoyo del UNFPA.
- La Red de Mujeres Constructoras de Paz alertó que cuatro de cada diez mujeres se identificó como víctima de violencia de género. La mayoría de ellas mencionó la violencia psicológica y física como las manifestaciones más usuales, en el informe “Las más jóvenes, las más vulneradas: el impacto de la crisis venezolana en las mujeres entre 18 y 24 años”.
- Codehciu monitoreó que 226 mujeres fueron víctimas de violencia de género en Bolívar.
- ULA Mujer registró 96 casos de violencia en la región andina entre enero y octubre de 2023.
- El Observatorio Digital de Femicidios de Cepaz documentó de enero a septiembre de 2023, 201 femicidios. Una acción femicida cada 21 horas.
- En el estado Zulia en 2022, Women Riots monitoreó 21 femicidios. La Fundación Vida Jurídica y Women Riots registraron 2 femicidios consumados y 3 femicidios frustrados durante los primeros dos meses del año 2023.
- Ateneo Ecológico del Orinoco indicó que ocurrieron 12 femicidios en el estado Bolívar en 2023.
- La Fundación Nueva Mujer Margarita señaló que sólo en 2023 hubo al menos 3 femicidios y uno en grado de tentativa en Nueva Esparta.
- En el primer semestre de 2023, Mulier documentó que 267 mujeres habían sido rescatadas de trata y solo en 2022, hubo 1390 venezolanas rescatadas de redes de trata. Desde 2018 la ONG realiza un monitoreo de medios de las venezolanas rescatadas de redes de trata, que registra 3.366 rescates de venezolanas de redes de trata en más de 25 países.
- Según el monitoreo de Mulier Venezuela, se han reportado en medios de comunicación los rescates de venezolanas de redes de trata en por lo menos 25 países del mundo, así como dentro de Venezuela.
- Entre 2021-2023, Transparencia Venezuela monitoreó los casos señalados por el Ministerio Público, en el que documentaron 177 víctimas de trata de personas, siendo los estados Zulia, Delta Amacuro y Sucre los que presentaron un mayor número de víctimas.
- Mujeres y niñas indígenas son explotadas sexualmente en las “currutelas” (prostíbulos de las zonas mineras).
- De acuerdo a ello, el CDH-UCAB denunció en 2021 que fuentes policiales de El Callao estiman que son 3.500 las mujeres que ejercen la prostitución en la entidad y por la migración hacia las minas del sur, el número aumenta con frecuencia
- Resonalia consultó que 60% de las mujeres encuestadas sufrieron algún tipo de violencia en el espacio público en los últimos 12 meses en los municipios Libertador en Caracas, Machiques, y Maracaibo en el estado Zulia.
- Red Mérida Feminista investigó el acoso callejero en Mérida, 56,8% de las encuestadas declaró que al menos en una ocasión alguien tocó de forma intencional sus partes íntimas.
- 60% de las mujeres encuestadas reconoció haber sufrido violencias en el ejercicio de su función política, según el estudio realizado por la Asociación Cauce (Brandler, 2021, pág. 30) y citado recientemente en informe de la Red Electoral Ciudadana (REC).
- Igualmente, los tipos de violencia más comunes son la violencia psicológica, física, simbólica, económica, sexual, obstétrica, femicidio, entre otros tipos de violencia de género en los espacios políticos.
- Una encuesta de ULA Mujer a mujeres políticas reveló que persisten los estereotipos de género en este ámbito: 50% de ellas han sido expuestas o conocen de insinuaciones y exhibición de su vida personal y laboral basada en roles y estereotipos de género; 40% ha sido expuesta o conoce de casos donde se ha limitado el acceso a un cargo público por estar embarazada o tener hijos; 60% ha sido víctima o conoce de casos de solicitudes a mujeres de favores sexuales a cambio de postulaciones o nombramientos de un cargo público.
- Entre enero de 2009 y mayo de 2017,109 personas LGBTI han sido asesinadas de acuerdo con cifras presentadas por el Observatorio de Personas Trans Asesinadas.
- En el diagnóstico comunitario realizado por HumVenezuela en el año 2021 y analizado en el informe de la alianza Con Ellas, se documentó que el 47,8% de las mujeres lesbianas entrevistadas fue víctima de abuso de poder o violencia por parte de un funcionario policial; en el caso de mujeres bisexuales, el porcentaje fue de 28,6%. Existe igualmente abuso o violencia en otros entornos como en el trabajo, donde el 14,3% de las mujeres bisexuales manifestaron haber sido víctima de abuso o violencia en ese contexto. 6 de 10 personas LGBTI encuestadas han sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar.
- 154 víctimas que sufrieron violencia contra personas LGBTIQ+ durante enero-junio de 2023.
- Estudio de Consorven (2021) señala que 23,8% de mujeres con discapacidad entrevistadas no posee información sobre el procedimiento a seguir en caso de ser víctima de violencia basada en género. Por otro lado, 84,1% expresa que colocarían una denuncia en caso de serlo.
- Entre el 1% y el 30% de las mujeres con discapacidad entrevistadas han vivido algún tipo de violencia basada en género, principalmente agresiones verbales (29,5%), degradación psicológica (20,5%), agresiones físicas (15,9%) e impedimentos de expresión o movilidad (47,6%). Adicionalmente, un 27,2% de las mujeres de este grupo han debido enfrentar algún tipo de violencia sexual perpetrados por la propia pareja o algún miembro masculinos de la familia o comunidad cercana.