Por: Mulier
Para el monitoreo de 2021 nos enfrentamos con un escenario que es, a la vez, pandémico y pospandémico. A inicios del año se mantenían las restricciones de movilidad para frenar la propagación de la COVID-19, un escenario restrictivo que, sin embargo, favoreció la trata de personas ante la reducción de los ingresos económicos, la clandestinidad exacerbada por los controles y los cierres de fronteras. Para la segunda mitad del año se inició la reapertura de las fronteras terrestres, sin que esto implicara una reducción efectiva de la cantidad de personas que recurren a los pasos irregulares o trochas para sus tránsitos.
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Monitoreo de 2021
Ante este panorama, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, Mulier presenta por tercer año consecutivo su informe #LibresYSeguras. Para el monitoreo de 2021 identificamos unos 85 casos relacionados con trata de venezolanas, entre intervenciones para el rescate de víctimas y detenciones de sujetos implicados. Durante este periodo registramos unas 415 venezolanas rescatadas de redes de trata, de las cuales 138 fueron niñas y adolescentes.
La precariedad socioeconómica persiste en Venezuela, un país que recibe asistencia de Naciones Unidas ante el reconocimiento de la emergencia humanitaria que atraviesa, que implica hiperinflación, empobrecimiento, fallas estructurales de los servicios públicos, falta de oportunidades y, en muchos casos, violencias al interior de las familias. El empobrecimiento que dejó la pandemia tiene expresiones diferenciadas para las mujeres: así, por ejemplo, la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (Encovi) reflejó que 67,1% de la población femenina no cuenta con un empleo estable. Esta realidad es consecuencia directa de la sobrecarga de tareas de cuidados que experimentaron las mujeres por las medidas de confinamiento relacionadas a la prevención de la COVID-19. La salida de la fuerza laboral solo hace más vulnerables a las mujeres a un estado de necesidad y pobreza estructural que históricamente ha sido aprovechado por las redes de trata para la captación de nuevas víctimas.
Sigue aumentando la cantidad de niñas rescatadas
Una cifra que viene aumentando desde 2019 es la de niñas y adolescentes venezolanas que son rescatadas de redes de trata. Pasamos de 90 en 2019 a 138 en 2021. Esta situación responde, además de a las lógicas pedofílicas que atraviesan la trata y describimos con detalle en nuestro informe de 2020, al aumento en las cifras de niñas y adolescentes venezolanas no acompañadas que se encuentran en condiciones de movilidad humana.
Con respecto a los perpetradores del delito, encontramos unas 295 personas detenidas, de las cuales 149 son hombres (51%) y 57 mujeres (19%). En comparación con años anteriores
creció el porcentaje de venezolanos detenidos por estos delitos. En 2019 la población venezolana representaba un 26% del total de personas detenidas. Para 2021 observamos que este porcentaje casi se duplicó hasta alcanzar un 45%.
En general, se observa que los indicadores muestran una disminución del número de venezolanas rescatadas durante 2021 en comparación con los años anteriores del monitoreo, y aunque esto pudiera tomarse como un indicio de que la práctica esté disminuyendo, tememos que signifique menor efectividad de la fuerza pública al momento de desmantelar redes de trata y rescatar a las víctimas. En contraste, destaca el aumento de las personas detenidas por este delito, constituyendo un balance positivo de las operaciones policiales que se realizan logrando una persecución mucho más efectiva del delito de la trata. Sin embargo, no es posible conocer el seguimiento que a estas detenciones realizan las instituciones encargadas de administrar justicia. Se desconoce cuántas de estas personas detenidas llegan a tener una condena judicial efectiva y cuántas, simplemente, quedan libres.
La nueva realidad de las modalidades de trata de personas
De acuerdo con la UNODC la modalidad de la trata que afecta mayoritariamente a mujeres y niñas es la trata con fines de explotación sexual: por cada 10 víctimas detectadas en el mundo, 5 son mujeres adultas y 2 son niñas.
Precisamente, hay una modalidad de la trata con fines de explotación sexual de la que hemos hablado en informes anteriores, pero que nos parece importante problematizar. Se trata del modelaje webcam, una actividad consiste en representar o sostener frente a una cámara web actos de índole sexual. Esta labor permite a quienes la ejercen conseguir una suerte de libertad sexual y laboral significativa en la que pueden escoger sus horarios y el tipo de contenido que quieren producir, mientras desempeñan una labor que en países como Colombia es legal.
Esa es una cara de la moneda. Sin embargo, del otro lado, el modelaje webcam puede servir como una fachada para la trata con fines de explotación sexual. Es común que inicialmente las víctimas accedan voluntariamente a una oferta laboral de modelo webcam, donde se les ofrece una plataforma en la que ya existe una red de seguidores y en la que pueden publicar contenido sexual con la promesa de jugosos salarios. No obstante, al entrar al negocio, las condiciones cambian. La remuneración no cumple con lo prometido, pierden el control sobre su jornada laboral, son forzadas a desempeñar actos sexuales que no desean hacer, y no se les permite renunciar bajo amenaza de difundir los videos entre sus familiares.
En Cúcuta, Norte de Santander, se hicieron visibles casos importantes de rescate de mujeres y niñas venezolanas entre las que figura la desarticulación de 1.000 casas de explotación sexual de niñas venezolanas en modalidad webcam.
Las restricciones fronterizas y su incidencia en las dinámicas de trata
En 2021 fue impresionante el incremento de migrantes irregulares de nacionalidad venezolana que buscan llegar a Estados Unidos a través de la frontera mexicana. De acuerdo con las estadísticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos el cruce
irregular de personas venezolanas aumentó de aproximadamente 5 mil en 2020 a más de 100 mil en 2021. Entre estos se encontraban por lo menos 675 menores de edad no acompañados. Estas cifras oficiales reflejan el comportamiento de una migración, mayoritariamente realizada de manera irregular, que implica pagar a traficantes de migrantes o “coyotes” en las cercanías del Río Bravo de México.
Debido a esta situación el gobierno mexicano anunció que a partir del 21 de enero de 2022 empezaría a exigir visas de visitante a los nacionales venezolanos que no tuvieran una visa para entrar a Estados Unidos. Aunque los peligros de esta frontera son importantes, la medida implementada por el gobierno mexicano solo significó sumar nuevas dificultades y peligros para parte importante de la población migrante venezolana que, desde la implementación de esta política de exigencia de visas, se ha lanzado en cantidades nunca vistas al peligroso trayecto que implica el paso por la selva del Darién en Panamá con las terribles consecuencias que hemos visto reflejadas recientemente en los medios y reportes de organizaciones internacionales.
La vulnerabilidad de mujeres y niñas no se limita a estos casos. Documentamos también la situación que se experimenta en Brasil y Colombia, con énfasis en poblaciones vulnerables a situaciones de desplazamiento, reclutamiento forzado, trata de personas con fines de explotación laboral y sexual.
Actuación de las autoridades venezolanas
Desde 2018 que realizamos seguimiento a la actuación estatal sobre el delito de la trata, las cifras oficiales han sido las grandes ausentes, siendo la única fuente regular el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, quien en diciembre de 2020 ante los naufragios ocurridos en el estado Sucre, reconoció un aumento del delito de la trata. En estas declaraciones de diciembre de 2020 el Fiscal señaló que en 2017 se documentaron 4 casos, en 2018 se detectaron 7, suben a 41 en 2019, y 66 en 2020. Esto es relevante porque el 30 de julio de 2021 en el marco del Día Mundial contra la Trata, el Fiscal comunicó nuevas cifras señalando que, durante su gestión, se habían contabilizado 330 casos que dan cuenta de 696 víctimas de trata, y que por esos casos se acusaron a 411 personas y se libraron 114 órdenes de aprehensión.
La línea temporal de las cifras comunicadas por el Fiscal corresponde a su gestión que inició en agosto de 2017, pero considerando que entre 2017 y 2020 se reportaron 118 casos, 212 corresponderían al lapso enero-julio de 2021. Esto significaría que el propio Ministerio Público reconoció con sus declaraciones un aumento de 221% en los casos detectados en los primeros siete meses de 2021.
Debemos destacar que este ejercicio de hacer conjeturas sobre las cifras oficiales para intentar comprender la dimensión de la presencia del delito de la trata de personas en el país, no sería necesario si el Estado venezolano cumpliera con su obligación de llevar estadísticas precisas en la materia, con datos desglosados y la debida publicación periódica.
Con respecto al Plan Nacional contra la Trata de Personas, aprobado en el Decreto N° 4.540, publicado en la Gaceta Oficial el 21 de julio de 2021, hasta la fecha no se ha cumplido con este mandato. Al respecto, diversas organizaciones han solicitado que se publique el contenido de este plan sin que hasta el momento se tenga respuesta.
Cifras del primer semestre de 2022
En el primer semestre de 2022 las cifras siguen siendo preocupantes: hasta junio registramos 154 venezolanas rescatadas de redes de trata, entre ellas 20 niñas y adolescentes. Se mantiene, también, la tendencia del aumento de las detenciones, que alcanzan 70 incluyendo a 34 personas de nacionalidad venezolana.
Ante esta realidad se hace cada vez más necesario prevenir y visibilizar el delito de la trata de personas y sus consecuencias en mujeres y niñas venezolanas. En ese sentido, Mulier presenta en su informe conclusiones y recomendaciones que desde muestro activismo podemos ofrecer para continuar la lucha contra la trata de personas en nuestro país.
Conclusiones
Los ejercicios de documentación que desarrollamos desde la sociedad civil en Venezuela tienen la misión de registrar nuestra realidad y sus complejidades, pero también dejan constancia de cómo los responsables estuvieron a tiempo de actuar para cambiarla y fallaron. Visibilizamos los riesgos que se vivieron en el río Bravo mexicano durante 2021 mientras terribles pesadillas se están viviendo este 2022 en el Darién panameño. Y aunque puede considerarse que la visión en retrospectiva de lo vivido nos facilita las respuestas, la realidad es que las recomendaciones durante estos años han sido las mismas. El aumento de trabas a la migración solo genera contextos de ilegalidad y peligro. Cientos de miles de personas van a seguir pasando la frontera mexicana hacia Estados Unidos, solo que ahora vienen desde más lejos, con más perdidas y después de vivir horrores inenarrables.
El costo de las decisiones políticas lo siguen pagando las personas más vulnerables. Ante los conflictos de tipo político cada vez se diluye más la obligación de garantizar a la población sus derechos humanos, las necesidades empeoran y la urgencia humana de buscar una vida mejor se intensifica. Nuestra posibilidad de reinventarnos y prosperar como una sociedad moderna y democrática fundamentada en el respeto y garantía de los derechos humanos, depende de nuestra capacidad de asegurar la vida y el bienestar de los más vulnerables hoy.