Por: Verónica Colina Rivas, coordinadora de Redes de Mujeres y Alianzas del Centro de Justicia y Paz (Cepaz)
Durante los últimos años, Venezuela ha estado en constante regresividad sobre los derechos humanos de la población, en medio de una emergencia humanitaria compleja, la desinstitucionalización y el debilitamiento de la democracia en el país. Esto, sin duda, se refleja de forma diferenciada en las mujeres, pues se ha agravado la feminización de la pobreza, viéndose afectada más del 68% de las mujeres en el país.
Además, el Estado no visibiliza políticas públicas con perspectiva de género para la promoción de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Mucho menos, sobre la disminución de los femicidios, pues según cifras del Observatorio de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el año 2021 concluyó con un total de 290 muertes de mujeres por razones de género en Venezuela, siendo esta acción la última expresión de la violencia, que debió ser evitada por el Estado, mediante la prevención y atención a la víctima.
La única política pública existente en Venezuela es la desinformación, promovida por el Estado, para la invisibilización de los hechos que resultan importantes y de investigación, en el contexto que se vive en el país. A pesar de eso, las organizaciones de la sociedad civil continúan creando e impulsando iniciativas para visibilizar la situación de violencia contra las mujeres. Y no solo eso, sino también el apoyo y atención a las víctimas que desean denunciar o requieren apoyo psicológico y jurídico, dependiendo de cada caso y en el estado del país que se encuentre.
En el ámbito del acceso a la justicia, las organizaciones de la sociedad civil mediante la documentación y la atención a las víctimas en los servicios psicolegales, han logrado observar la desconfianza en el sistema de justicia para realizar las denuncias, la constante revictimización y la no ejecución de la debida diligencia de los funcionarios.
Muchas víctimas de violencia han sido objeto de burlas, menosprecio y aun peor, son rebotadas de una institución a otra, con la excusa de “aquí no aceptamos esas denuncias” o exigiendo heridas físicas para realizar el proceso, cuando el deber del funcionario es recibir la denuncia.
Todo lo relatado se ve reflejado en un informe denominado “Resultados del programa de atención psicológica para mujeres en situaciones de violencia de género“, publicado por Mulier. El 36% de los casos documentados se encontraban en un riesgo grave y el 15% aseguró que no había realizado la denuncia por falta de confianza, siendo la segunda causa para las víctimas en el proceso.
La problemática resulta alarmante porque causa desmotivación en las victimas y son expuestas a mayor vulnerabilidad. La impunidad y las barreras en el acceso a la justicia envían un mensaje a la sociedad, especialmente a los agresores, y es que no hay sanción ante sus acciones violentas, promoviendo que dicha situación siga siendo replicada ante la ausencia de un Estado de derecho, ni prevención alguna, donde desde Cepaz se ha documentado que en los casos de las mujeres que denuncian y logran llegar a juicio, existe el 99% de impunidad.
Además, las víctimas no conocen si cuentan con casas de abrigo en el país, cuando son casos de riesgo que ameriten espacios seguros para la protección e integridad de ellas, sumado a la dependencia económica de los casos de algunas mujeres y que muchas veces, desean acabar con el ciclo de violencia pero lamentablemente, no cuentan con los recursos para subsistir en la Venezuela actual.
Todos estos escenarios hacen ver la gravedad de la violencia contra las mujeres y la ausencia de alternativas para ellas en el país.
Referencias bibliográficas:
- https://rednaranja.org/mulier-venezuela-informe-resultados-del-programa-de-atencion-psicologica-para-mujeres-en-situaciones-de-violencia-de-genero/
- https://cepaz.org/articulos/el-acceso-a-la-justicia-de-las-mujeres-venezolanas-en-tiempo-de-pandemia/
Un aporte en el marco de la 2da Edición del Diplomado Digital de Liderazgo en Inclusión Social y Acceso a Derechos promovido por la Organización de los Estados Americanos (OEA).