Caracas, 18/05/2022.- Ante el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional (PLCI) que se discute actualmente en la Asamblea Nacional, 500 organizaciones de la sociedad civil y 250 personas manifestaron su rechazo a través de un comunicado que fue entregado al PNUD.
En dicho comunicado las organizaciones afirman que este proyecto de ley de Cooperación Internacional de ser aprobado tendría consecuencias devastadoras para la personas en situación de mayor vulnerabilidad y la sociedad civil venezolana, cerrando el acceso al apoyo que ofrece la comunidad internacional a las capacidades de protección, asistencia y desarrollo de la población en materia económica, social, civil y humanitaria.
Con este proyecto de ley, se busca reinterpretar la definición de cooperación internacional hacia intereses políticos y/o económicos del gobierno nacional, dejando por fuera conceptos esenciales como derechos humanos y ayuda humanitaria. De igual modo, se busca transferir al gobierno de manera exclusiva la capacidad de recibir, transferir e intercambiar recursos, bienes, servicios, financiamiento y tecnología de los organismos cooperantes, y disponer de ellos según las prioridades y criterios discrecionales del Ejecutivo Nacional, a través de la creación de un fondo a su cargo.
Por otro lado, se obliga a todas las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, instituciones académicas y a toda asociación de derecho privado nacional o internacional, a registrarse en el “sistema integrado de registro obligatorio”, con el cual el gobierno se reservaría el poder de autorizarlas o habilitarlas para ser posibles receptoras o participantes de actividades de cooperación internacional. Adicionalmente, toda asociación tendría el deber de suministrar información a las autoridades públicas o a cualquier persona, sobre sus datos de constitución, estatutos, actividades, así como la procedencia, administración y destino de los recursos de la cooperación, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento.
Finalmente, el proyecto crea un nuevo sistema sancionatorio específicamente dirigido a la sociedad civil nacional, con la potestad de “prohibir, suspender, restringir o eliminar definitivamente” a cualquier asociación que, a criterio discrecional del Ejecutivo, se considere que promueve o participa de forma directa o indirecta en actividades contrarias a los intereses del gobierno, estableciendo evaluaciones que determinen la aplicación de estas sanciones.
En perjuicio de la población venezolana, el proyecto violenta los estándares de la cooperación internacional y los derechos de la sociedad civil para ejercer las libertades de asociación, reunión pacífica, expresión, derecho a la defensa de los derechos humanos y a la iniciativa de prestar asistencia humanitaria, dando continuidad a una política de restricciones arbitrarias al apoyo que pueden ofrecer los organismos internacionales a la población, y de criminalización y persecución contra las organizaciones de la sociedad civil, desoyendo todas las recomendaciones emitidas por los órganos internacionales de protección.
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