Autoras: Alejandra Landaeta y Yosvianny Ríos
Los conflictos y las situaciones de inestabilidad tienen consecuencias devastadoras para todos los involucrados, vulnerando los derechos humanos de las víctimas y agravando los esquemas de discriminación ya existentes. En este contexto, las mujeres suelen ser la parte más afectada de la población, sufriendo las repercusiones de manera desproporcionada.
A pesar de esto, no se les brindan las oportunidades necesarias para acceder a la justicia por las violaciones de sus derechos, participar en las negociaciones de paz o contribuir a la recuperación de las comunidades post-conflicto.
La participación de las mujeres en los procesos de paz va más allá de una simple representación o el cumplimiento de cuotas. Implica tener un espacio en la mesa de negociaciones para expresar sus intereses y experiencias, asegurando que sus opiniones sean consideradas de manera equitativa en los esfuerzos de reconstrucción una vez finalizado el conflicto.
Para la comunidad internacional, la inclusión de mujeres es fundamental para alcanzar una paz duradera, ya que han demostrado ser verdaderas agentes de cambio.
Es por esto que la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad se inició en el año 2000 con la aprobación de la Resolución 1325 por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La creación de este proyecto marcó un hito histórico, ya que fue la primera vez que la ONU se pronunció sobre la relación entre la guerra, la paz y el género de manera formal y con un documento específico.
La Resolución 1325 hace un llamado a aumentar la participación y representación de las mujeres en la prevención, manejo y resolución de conflictos, así como a garantizar la protección y respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas.
ONU Mujeres es la principal entidad de la ONU encargada de implementar la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, llevando a cabo programas que se basan en diversos compromisos relacionados con los derechos de las mujeres, incluyendo la Resolución 1325 y otras nueve resoluciones del Consejo de Seguridad que la respaldan. De igual forma, la Plataforma de Acción de Beijing y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) son referencias clave para su implementación.
La Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad es crucial porque genera conciencia y consenso sobre la relevancia de la perspectiva de género en la promoción de la paz y la seguridad internacionales. Reconoce el derecho de las mujeres a participar en igualdad de condiciones en la construcción y promoción de la paz y enfatiza su rol crucial en la consecución de una paz duradera y sostenible.
Solanas (2020) señala que la participación activa de las mujeres incrementa las posibilidades de alcanzar y aplicar acuerdos, además de aumentar en un 35% la durabilidad de dichos acuerdos durante más de 15 años1. Sanz (2022) añade que cuando las mujeres son firmantes de acuerdos de paz, estos incluyen más disposiciones sobre reformas políticas, sociales y económicas2.
Sin embargo, según Michelle Bachelet en 2022, entre 1992 y 2019 solo el 13% de los negociadores, el 6% de los mediadores y el 6% de los firmantes en procesos de paz a nivel global eran mujeres3.
Cabe destacar que estas cifras se obtuvieron antes de la pandemia, antes del incremento de conflictos, de transiciones políticas antidemocráticas y de crisis humanitarias desastrosas, que han limitado aún más los derechos de las mujeres. Sin embargo, de acuerdo con ONU Mujeres, la representación femenina en las delegaciones negociadoras de procesos de paz respaldados por la ONU no ha mostrado mejoras.
Además, en 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó 35 asesinatos de defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas en siete países en conflicto, superando las cifras de asesinatos confirmados de 2018 y 20193.
También se documentaron ataques contra mujeres que trabajan por la igualdad de género, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la corrupción, los derechos laborales y cuestiones ambientales. Estas mujeres enfrentaron detenciones, intimidaciones, violencia sexual y campañas de desprestigio3.
Estas situaciones socavan los esfuerzos globales para la prevención de conflictos y el mantenimiento de la paz, desalentando a las mujeres a participar y a asumir roles de liderazgo.
Asimismo, la pandemia del COVID-19 ha intensificado los impactos sobre mujeres y niñas en situaciones de conflicto y postconflicto, aumentando la violencia de género y reduciendo las oportunidades de participación1.
Bustamante (2021) señala que la exclusión de las mujeres en los procesos de paz se debe a la falta de voluntad para incluirlas, y no se puede justificar con la supuesta falta de experiencia en diálogos y negociaciones, dado que las mujeres han demostrado tener considerable experiencia en esos campos y han liderado diálogos en diversos contextos de conflicto armado y post bélicos4.
Un ejemplo es Colombia, donde el 33% de las negociadoras en el proceso de paz han sido mujeres, a pesar de que representan el 51% de las víctimas de desplazamiento forzado, el 47% de las víctimas de homicidio y el 82% de las víctimas de violencia sexual4.
Sin embargo, al ser excluidas de las conversaciones y de los acuerdos, las mujeres no pueden expresar totalmente sus necesidades e inquietudes. La mayoría de los procesos de paz se concentran en detener la violencia sin reconocer las distintas formas de violencia que sufren las mujeres y las minorías, lo que lleva a que estos procesos no logren abordar adecuadamente estos problemas ni atender las preocupaciones de la mitad de la población.
Debido a estas negativas es necesario fomentar la participación de las mujeres en los procesos de paz, además de reforzar las organizaciones y proyectos, tanto regionales como internacionales, cuyo cometido sea brindar apoyo y protección a las mujeres que se encuentren en situaciones precarias.
Como la Resolución 1325, que aboga por la inclusión de mujeres en todos los niveles de toma de decisiones y establece directrices para redefinir su papel en situaciones de conflictos armados, pasando de ser vistas como víctimas a ser consideradas actores clave en la seguridad internacional.
También se puede destacar la creación en 2015 de la red regional Nordic Women Mediators (NWM), destinada a mejorar el acceso de las mujeres a los procesos de paz y aumentar su participación.
Esta red promueve y respalda la inclusión femenina en las negociaciones de paz a todos niveles y fases, ya sea amplificando las voces y preocupaciones de las mujeres, abogando por procesos más inclusivos, desarrollando proyectos colaborativos, compartiendo experiencias o estableciendo conexiones con otras redes de mediadoras4.
Otro pilar para la fomentación de la participación de la mujer como un agente de cambio y prevención en lo que respecta a la resolución de conflictos, es el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).
En 2013, la CEDAW aprobó la recomendación general nº 30 sobre “las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y post-conflicto”. Este apartado es vital, ya que establece que los países firmantes de la convención CEDAW deben informar sobre las medidas adoptadas para cumplir con sus compromisos bajo la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad.
Por medio del apartado mencionado el comité CEDAW enfatiza la necesidad de fortalecer el empoderamiento político de las mujeres en la prevención de conflictos, señalando que los momentos posteriores a un conflicto son oportunidades estratégicas para que los Estados implementen normativas que eliminen la discriminación en la esfera política y pública, y garanticen igualdad de oportunidades para las mujeres en las nuevas estructuras de gobernanza5.
103 países han demostrado su compromiso con la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad mediante Planes Nacionales de Acción sobre este tema2. En estos instrumentos se delinean las acciones específicas que los gobiernos planean llevar a cabo para cumplir con las obligaciones impuestas por las resoluciones del Consejo de Seguridad.
En el caso de Venezuela, el país no posee un Plan Nacional de Acción. El Comité CEDAW, en sus “Observaciones finales sobre el noveno informe periódico” de 2023, expresó su preocupación por la falta de uno y recomendó que se considere su aprobación en colaboración con representantes de organizaciones de la sociedad civil de mujeres, además de sugerir la incorporación de un modelo de igualdad sustantiva que atienda la violencia de género y la discriminación contra las mujeres.
Sin embargo, de acuerdo a Venezuela, el país no se encuentra dentro de la órbita de la Resolución 1325, debido a que el país no se encuentra en un potencial conflicto que implique una perspectiva de género y, por otro lado, se encuentran comprometidos con la perspectiva de género y que poseen una diplomacia comprometida por la paz que incorpora cantidades importantes de mujeres diplomáticas.
A pesar de esta negativa, se continúa resaltando la importancia que representa la inclusión de las mujeres en los procesos de paz y en la construcción de sociedades más justas y equitativas es no sólo un imperativo moral sino también una condición esencial para alcanzar una paz duradera. Las evidencias muestran que cuando las mujeres tienen voz y están presentes en las negociaciones, los acuerdos resultantes son más inclusivos y sostenibles.
A pesar de los avances significativos en el marco normativo, como la Resolución 1325, y el trabajo de entidades, como ONU Mujeres y CEDAW, la realidad demuestra que aún existen importantes barreras que limitan la inclusión efectiva de las mujeres en la toma de decisiones.
La situación es aún más crítica en contextos de inestabilidad y conflicto, donde la violencia y la discriminación contra las mujeres son rampantes. Por ello, es esencial fomentar un cambio en la percepción de las mujeres, reconociéndolas no sólo como víctimas, sino como agentes de cambio y liderazgo en la construcción de paz.
Las estrategias deben ir acompañadas de un compromiso claro de los gobiernos y la comunidad internacional para implementar políticas que garanticen la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todos los niveles.
Solo así se podrá avanzar hacia una verdadera transformación en la forma en que se conciben y se llevan a cabo los procesos de paz, asegurando que las necesidades e intereses de todas las personas, especialmente las más vulnerables, sean adecuadamente representados y atendidos.
Artículo elaborado en el marco del servicio comunitario realizado, Universidad Santa María.
Bibliografía
1 Solanas, M. (2020, 30 octubre). (Sin) mujeres, paz y seguridad. Real Instituto Elcano. Recuperado 1 de julio de 2024, de https://www.realinstitutoelcano.org/comentarios/sin-mujeres-paz-y-seguridad/
2 Sanz, B. (2022, 18 noviembre). Mujeres, esenciales en la prevención de conflictos y construcción de una paz duradera. Somos Iberoamérica. Recuperado 1 de julio de 2024, de https://www.somosiberoamerica.org/tribunas/mujeres-esenciales-en-la-prevencion-de-conflictos-y-una-paz-duradera/
3 Bachelet, M. (2022, 18 enero). Protegiendo la Participación: Abordando la violencia contra mujeres en los procesos de paz y seguridad. Debate Abierto del Consejo de Seguridad Sobre Mujeres, Paz y Seguridad, Nueva York, Estados Unidos. https://www.ohchr.org/es/2022/01/security-council-open-debate-women-peace-and-security-protecting-participation-addressing
4 Bustamante, S. (2021). Perspectivas de género en relaciones internacionales [Electrónico]. En Manual de relaciones internacionales (pp. 197-224). Buenos Aires Teseo. https://www.teseopress.com/manualderelacionesinternacionales/
5 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. (2013). Recomendación general núm. 30 sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos. En Naciones Unidas (CEDAW/C/GC/30). Recuperado 1 de julio de 2024, de https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n13/543/34/pdf/n1354334.pdf