La Red Naranja, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Unión Afirmativa, Prepara Familia y Terna Virtus organizaron el pasado 9 de abril de 2021 el forochat denominado “Diversas perspectivas sobre las violencias contra las mujeres”.
La actividad virtual contó con la moderación de Selene Soto, abogada venezolana, integrante de Women´s Link Worldwide y de la Red Naranja, y como ponentes estuvieron Katherine Martínez, directora de Prepara Familia; Quiteria Franco, coordinadora de Unión Afirmativa y Baroska Bravo, directora de Terna Virtus.
La moderadora comentó que el propósito de la actividad era conversar sobre las diferentes perspectivas acerca de las violencias contra las mujeres por razones de género, especialmente las mujeres cuidadoras, con discapacidad y de la comunidad LGBTIQ+.
Mujeres cuidadoras
La iniciativa comenzó con la participación de Katherine Martínez, quien explicó la situación actual que viven las mujeres cuidadoras en Venezuela, frente a la emergencia humanitaria compleja. Desde el 2014 el país se ha encontrado inmerso en una crisis multidimensional, la cual ha llevado al empobrecimiento de su población.
Asistir a un hospital para atender cualquier situación de salud es un riesgo, ya que no hay garantías de obtener la asistencia adecuada, profundizada por la experiencia del Covid-19. Dicha situación descrita es vivida por las mujeres en su mayoría, que representan aproximadamente el 95% de las personas que cuidan a niños, niñas y adolescentes en hospitales.
Martínez indicó que ser madre cuidadora no se deriva de una decisión libre y propia, sino por el reparto desigual del trabajo, que adjudica roles específicos a hombres y mujeres. Cuando las mujeres se internan con los niños, niñas y adolescentes en los hospitales están totalmente dedicadas a su cuidado, siendo un trabajo invisibilizado y no remunerado.
No poseen recursos para cubrir sus necesidades mínimas, carecen de servicios sanitarios en buen estado, suministro de agua irregular, no reciben la alimentación apropiada y sufren condiciones emocionales extremas.
Las mujeres que realizan los cuidados de niños con patologías crónicas, o la familia en general, se encuentran sobrecargadas y a su vez, son objetos de violencia, encerradas con el agresor. Las denuncias por violencia en el hogar han aumentado, representando una carga adicional por el riesgo de la convivencia con el agresor.
Selene Soto aportó que es importante reconocer los impactos diferenciados de la emergencia humanitaria compleja y la pandemia del Covid-19, visibilizando cargas desproporcionadas que están enfrentando las mujeres cuidadoras, donde también hablar de la corresponsabilidad es importante.
Violencia contra mujeres lesbianas
Quiteria Franco comentó los impactos diferenciados de las mujeres de la comunidad LGBTIQ+, e indicó que el rechazo del grupo vulnerable se debe a una posición religiosa, legal y medico-psiquiátrica.
La sociedad ha estereotipado que las mujeres deben tener un rol de esposas y tener hijos. Al no ocurrir lo esperado por la sociedad, se genera un rechazo por parte de la familia.
Ante esta situación, se llevan a cabo violaciones correctivas por un miembro masculino de la familia, insistencia de la familia sobre la mujer para conocer un novio, e incluso, podría ocurrir casamiento forzado. A su vez, producto de estas violaciones correctivas, podrían surgir embarazos no deseados.
Franco expresó que una de las principales violencias es obligar a una persona a que oculte el primer enamoramiento y la insistencia en la búsqueda de la ayuda psicológica mediante la terapia de conversión, práctica que tiene efectos negativos en la salud mental y sexual de la persona.
El segundo lugar donde las mujeres de la comunidad LGBTIQ+ son rechazadas es en los centros de estudio, mediante el acoso escolar y la expulsión, como fue el caso de unas jóvenes de una escuela privada que se dieron un beso en el autobús de la escuela y las suspendieron.
Frente a estos casos, lo ideal para evitar la discriminación es que el personal docente, orientadores, entre otros, se formen en el área, para que sepan y puedan abordar la situación.
Otra área donde ocurre violencia contra las mujeres lesbianas es en el trabajo, generando incomodidades para las personas que no están de acuerdo, obstáculos para los ascensos y acoso sexual.
Por último, los servicios médicos, especialmente la ginecología, están diseñados para realizar preguntas que asumen la heterosexualidad, como el uso de métodos anticonceptivos, causando rechazo e incomodidad. Igualmente ocurren limitaciones para recibir donaciones de sangre de una persona homosexual, para el acceso a métodos de planificación familiar y reproducción asistida.
Soto expresó su preocupación por las prácticas de discriminación y violencia mencionadas, especialmente en el uso de la medicina para las terapias de reconversión y los impactos que genera en la salud mental.
Violencia contra mujeres y niñas con discapacidad
Por su parte, Baroska Bravo comentó que las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, teniendo impedimentos de participación en igualdad de condiciones en la sociedad.
Más de mil millones de personas viven con alguna discapacidad, doscientas millones de ellas experimentan dificultades de su funcionamiento, siendo el 58-60% representado por mujeres y niñas. Las personas con discapacidad presentan los peores resultados sanitarios, académicos, económicos y con tasas de pobreza más altas, ya que hay obstáculos en el acceso de servicios como la salud, educación, empleo, transporte, entre otros.
Las niñas y mujeres con discapacidad son dependientes de sus cuidadores e incluso de sus parejas para hacer cosas básicas como el aseo, la alimentación y cualquier tipo de proceso de movilidad para participar en la sociedad. Esto genera barreras para el acceso a la educación, participación y medios de información que puedan prevenir la violencia en sus entornos.
La educación e integración laboral son factores fundamentales para minimizar las tasas de violencia contra las personas con discapacidad. La violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad está enmarcada también en el ejercicio de los derechos ciudadanos del país.
A pesar de la legislación vigente de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y para personas con discapacidad, aun no hay un mecanismo o protocolo para el acceso a denuncias en formatos accesibles para mujeres y niñas con discapacidad, sumando la falta de sensibilización de los funcionarios para que tengan las mínimas estrategias de comunicación con la población.
En el país, no existen políticas especializadas para la prevención y erradicación de la violencia contra las niñas y mujeres con discapacidad. No se tiene conocimiento sobre el nivel de impunidad y estadísticas reales en el acceso a la justicia de dichos casos, señaló Baroska.
Venezuela no cuenta con albergues o espacios de terapia que puedan superar la situación de violencia en mujeres y niñas con discapacidad. Durante la pandemia del Covid-19, el impacto en el aumento de la violencia ha sido significativo porque el confinamiento ha generado mayores procesos de abuso y maltrato hacia la población.
Para concluir, la ponente recomendó que la violencia de género no se analice como un factor aislado de la discapacidad, sino que sea entendido como un problema estructural en la sociedad.