La Red Naranja, junto a algunas de las organizaciones que la conforman: el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Hombres por la equidad e igualdad, Fundamujer y Mulier realizaron un forochat denominado “La sociedad civil: Una mirada comprometida con la prevención de la violencia hacia las mujeres por razones de género”.
La actividad virtual contó con la moderación de Verónica Colina, parte del equipo de Comunicaciones y Redes de Cepaz y la participación de la profesora Ofelia Álvarez Cardier, directora de Fundamujer y de Estefanía Mendoza, cofundadora de Mulier, como ponentes de la actividad.
Fernando Aranguren, director de Hombres por la equidad e igualdad y parte del equipo promotor de la Red Naranja, tomó la iniciativa de realizar actividades de diferente índole los días 25 de cada mes. Dicha iniciativa se realiza con la finalidad de sensibilizar, concientizar y promover la erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres.
En esta ocasión, la actividad buscaba visibilizar el trabajo que realizan las organizaciones en pro de la prevención y la atención a mujeres víctimas de violencia como es el caso de la Alianza del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela (CEM-UCV), Fundamujer y Cepaz, y la labor de Mulier. Dichas organizaciones llevan a cabo la formación, capacitación, sensibilización y apoyo psicolegal a las mujeres víctimas de violencia.
Ofelia Álvarez Cardier mencionó la agenda feminista creada por el CEM-UCV y Librerarte en el año 2005 y contabilizó doce ONG enfocadas en la violencia contra la mujer que trabajaron en la iniciativa, de las cuales nueve continúan activas en el área. Durante la atención de la pandemia del COVID-19, 24 organizaciones aproximadamente realizan acompañamiento psicolegal y se encuentran en el directorio realizado por la Alianza CEM-UCV, Fundamujer y Cepaz.
La ponente comentó que el alcance territorial creció. Muchas regiones tienen atención específica para las mujeres víctimas. Las vías de comunicación se ampliaron, como es el caso de las redes sociales. Se vieron otras aristas del problema, se crearon alianzas y surgieron nuevos conocimientos, como la inclusión de tipos de víctimas basados en la especialización profesional o en los nuevos tipos de violencia.
Álvarez destacó el valor del trabajo que realizan todas las organizaciones sobre la violencia contra las mujeres. Desde el 12 de marzo del 2020 las ONG existentes se mudaron a los celulares, Twitter y correo, ayudando a mejorar las funciones del acompañamiento a las víctimas.
Las ONG que se crearon, pidieron asesoría a las personas que tenían experiencia en el acompañamiento dirigido a las mujeres víctimas de violencia. Surgieron violencias emergentes como el acoso vecinal, el origen delincuencial de las parejas, la influencia de miembros o familiares en fuerzas policiales cuando se ponen denuncias hacia los agresores, la existencia de zonas más afectadas, las tareas domésticas y educación de los hijos, salud sexual y reproductiva, cuido de menores, personas discapacitadas, parejas y familiares, quedando en manos del 72% de las amas de casa.
Por otra parte, se evidenció la ausencia de un plan por parte del Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer), quien debe llevar la legislación a la práctica. Así como el declive del sistema judicial y policial, presentando obstáculos en el acceso a la justicia.
Para noviembre del 2020, Inamujer ofreció una lista de uno o dos números telefónicos por estado, con la omisión de 3 estados de Venezuela y en febrero del 2021 publicaron el 0-800-MUJERES para la atención de las víctimas de violencia. Mientras en la sociedad civil se han fortalecido las alianzas, la intersectorialidad, la interdisciplinariedad, la prevención y la educación.
Además señaló que las organizaciones reinventaron los modelos para la atención y prevención, debido a las nuevas violencias que han surgido, para poder ayudar y realizar las sugerencias pertinentes. Para finalizar, la ponente felicitó a la sociedad civil que ha apoyado a las víctimas de violencia e invitó a seguir la labor con fuerza.
Por su parte, Estefanía Mendoza explicó que Mulier es una asociación civil que surge en el 2017 dedicada a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, con el objetivo de transformar y lograr el progreso de la sociedad venezolana.
En esta oportunidad, Mulier comentó su labor en Zulia sobre la prevención del delito de trata de mujeres y niñas venezolanas en contextos migratorios y en la asistencia, con un programa de atención psicológica gratuita para mujeres en situaciones de violencia basada en género.
Dicho programa funciona desde el 2019 y como lo comentó Ofelia Álvarez, el servicio se reinventó en 2020, debido a la cuarentena decretada por COVID-19. En este contexto, Mulier realizó un esfuerzo para documentar la experiencia y generar data que permitiera caracterizar las mujeres afectadas por la violencia, los agresores, el acceso a la justicia, los servicios de acompañamiento, entre otros.
Uno de los resultados de la documentación fue el informe “Resultados del programa de atención psicológica para mujeres en situaciones de violencia de género” realizado por Mulier.
La organización atendió a 163 personas por diferentes requerimientos: 98 mujeres y niñas que requerían atención psicológica, 33 personas necesitaron ayuda en el área médica, legal y psicológica no relacionada a violencia, las cuales fueron referidas a organizaciones que pudiesen prestar el apoyo, con el seguimiento requerido y 30 mujeres pidieron atención por violencia, y que se encontraban en otros estados de Venezuela, fueron referidas a organizaciones aliadas, dependiendo de la ubicación.
Las mujeres y niñas atendidas tienen una edad comprendida entre 13 y 63 años, donde el 51,1% cuenta con un nivel de estudio universitario. Otro aspecto importante que se documentó es que el 51% de las usuarias tienen entre 1 a 5 hijos, de los cuales el 59,8% eran niños y niñas menores de 12 años.
Estefanía Mendoza hizo énfasis en que las mujeres que se encontraban en situación de violencia, también tenían el rol de cuidadoras de niños menores de edad expuestos a estas situaciones, con gran relevancia en su desarrollo emocional.
Los tipos de violencia experimentadas por las usuarias eran en 58% de los casos violencia psicológica, 23% violencia física, 11% violencia sexual y 6% violencia económica.
El 50% de las mujeres eran violentadas por sus parejas, ya sea con quienes se encontraban casadas o mantenían una relación sentimental. El 36% de los agresores tenían antecedentes de violencia y el 11% de los casos tenían acceso a armas de fuego, elevando los riesgos.
El 69% de las mujeres atendidas no denunciaron la violencia y en los casos que denunciaron, solo el 16% ha sido tramitado hasta la finalización del procedimiento, es decir, el 84% de los casos se encuentran en proceso y no han logrado justicia.
Mendoza comentó que el servicio no impuso una cantidad máxima de consultas. Las mujeres y niñas tuvieron un promedio mínimo de 2 consultas. El promedio máximo fue de 2 consultas por semana, en periodos de 3 meses, con mujeres en situaciones de crisis y violencia extrema, con acompañamiento preciso e importante.
El 64% de las mujeres aseguró que anteriormente no habían recibido este tipo de apoyo psicológico por ninguna institución del Estado, o alguna organización, es decir, las mujeres están transitando la violencia sin apoyo.
Por ello Estefanía resaltó la importancia del forochat realizado, buscando acercar a las personas la información con las opciones de la sociedad civil organizada para brindar apoyo y herramientas a las mujeres víctimas de violencia.
Las mujeres mostraron preocupaciones por la confidencialidad de la información, especialmente que la consulta en atención psicológica vía telefónica significa contar tu información privada a una persona desconocida. Igualmente algunas mujeres que habían pasado por violencia sexual sentían pudor e incomodidad con psicólogos que fuesen hombres.
La organización asumió el costo de las llamadas para que no fuese un impedimento económico para las mujeres, logrando obtener una respuesta efectiva para que se sintieran en calma y poder brindar la atención psicológica requerida.
Para concluir, Estefanía Mendoza planteó que actualmente existe una situación particular por los riesgos de garantía de los derechos de las mujeres durante la pandemia del COVID-19. Las desigualdades y brechas se incrementaron de manera exacerbada y por ello es necesario crear una respuesta colectiva hacia la violencia contra las mujeres, con una atención integral.
Mendoza se refirió a un comentario emitido por Cepaz en uno de sus informes, que indica que la mirada no debe estar puesta en el último eslabón de la violencia, ya que antes que ocurra un femicidio existe un ciclo de violencia con distintas etapas, sobre el cual hay que actuar de manera transversal.
Las iniciativas de la sociedad civil, los servicios ofrecidos a las mujeres y el trabajo que puedan realizar las organizaciones en la prevención de la violencia son fundamentales. Las publicaciones en Instagram, micros de radio, los mensajes difundidos por WhatsApp mediante las amigas pueden llegar a las mujeres que lo necesitan y hacer la diferencia entre la vida y la muerte, culminó Mendoza.
Fernando Aranguren felicitó a las ponentes por la introducción de la evolución de los derechos de las mujeres en Venezuela, la investigación y documentación realizada por las organizaciones enfocadas en la violencia contra las mujeres.
Además, Ofelia Álvarez indicó que en la experiencia de la alianza CEM-UCV, Fundamujer y Cepaz sobre la atención psicológica y legal para el 2020, que fue ofrecida a 148 mujeres víctimas de violencia, en el 48% de los casos había realizado denuncia previa, sin acompañamiento ni haber conseguido que las registraran en la policía o Ministerio Público, así como también tenían desconocimiento sobre el procedimiento a continuar. Las mujeres sentían desesperanza, no sabían que más hacer, el haber vivenciado la inutilidad del riesgo que corrieron al denunciar y que resultó en el miedo de que los hombres solamente fuesen detenidos por un lapso de tiempo.
En otros casos los órganos receptores de denuncia devolvieron a las mujeres con sus maltratadores a sus casas mediante frases estereotipadas y machistas, como “dale una segunda oportunidad”.
Estefanía Mendoza explicó que en el mes de febrero de 2021 se dictó una normativa especial dirigida a la policía, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y demás cuerpos policiales para la atención temprana y oportuna de víctimas de violencia de género, la recepción de las denuncias y la actuación policial en los procesos de investigación penal.
Álvarez resaltó la no limitación de sesiones de atención psicológica para las mujeres atendidas con Mulier, ya que hay algunos servicios no especializados en violencia contra la mujer por razones de género que limitan las sesiones en 3 o 4 aproximadamente, teniendo que analizar que cada vida es diferente y merece ser tomada en cuenta.
Mendoza hizo énfasis en que la sociedad civil no puede sustituir las responsabilidades del Estado, especialmente en el acceso a la justicia para las víctimas y por ello se requiere seguir realizando incidencia, así como también exigir políticas públicas adecuadas para la atención de la violencia basada en género.
Para concluir la actividad, la Red Naranja ofreció el directorio de servicios psicosociales para las mujeres víctimas de violencia elaborado por las organizaciones.
