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Red Naranja Venezuela

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Red Naranja es un espacio de articulación para la defensa y promoción del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia

CIDH: Informe anual 2021 visibiliza realidad de mujeres venezolanas

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Por: CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su Informe Anual 2021, un instrumento de referencia y de transparencia institucional que compila la situación de los derechos humanos y presenta los avances y desafíos que se han producido en la región.

Además, la CIDH realizó un Informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, el cual contó con un apartado sobre mujeres e información con perspectiva de género. La Comisión Interamericana observa que continúa el deterioro de las condiciones de vida en Venezuela, lo cual afecta de manera diferenciada a las mujeres, personas defensoras de derechos humanos, personas con discapacidad, personas mayores, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, personas privadas de libertad, y personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersex (LGBTI).

La CIDH elaboró una serie de recomendaciones para el Estado venezolano en materia de mujeres, como la producción de estadísticas oficiales, de forma desagregada, la debida diligencia en materia de prevención y protección.

La necesidad urgente de una transición hacia la democracia y el Estado de derecho

Ante ello, la CIDH resaltó la importancia de que cualquier proceso de diálogo involucre efectivamente a la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, entre otros.

Libertad de expresión y lucha contra la discriminación y exclusión

En los últimos años, la Relatoría Especial ha observado con particular atención la violencia contra mujeres que ejercen labor periodística. Según análisis del Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela publicado en febrero de 2021, “113 reporteras fueron víctimas de ataques a sus derechos informativos en 2019” y  “127 mujeres fueron atacadas en el marco de sus funciones comunicacionales durante los 12 meses de 2020”.

La CIDH enfatizó que los ataques suelen tener lugar especialmente cuando mujeres periodistas cubren economía, política, deporte y otros temas que serían tradicionalmente considerados masculinos, por los estereotipos. Además, Espacio Público publicó un informe sobre la violencia digital en los casos venezolanos: Diana Liz Duque, Gregoria Díaz y Lorena Arraes.

Por otra parte, la Relatoría Especial saludó la aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley para la Promoción y Uso del Lenguaje con Enfoque de Género el 30 de septiembre de 2021. Según la información disponible, la Ley aguarda promulgación por el Poder Ejecutivo. La Ley prevé, entre otros, que, en las comunicaciones de Poderes Públicos, se deberá promover el lenguaje inclusivo y no sexista, evitando, por ejemplo, el masculino universal y prefiriendo la utilización de palabras de género neutro.

DESCA

Frente a los contagios y muertes producidos por el COVID-19, la Comisión y la REDESCA observan que, a finales de noviembre, Venezuela tendría una de las tasas de letalidad de personal sanitario por Covid-19 más altas en América del Sur, con 792 decesos, y la tercera más alta en letalidad de mujeres embarazadas.

La Comisión y la REDESCA toman nota del impacto diferenciado y desproporcionado que está teniendo la pandemia en a la garantía del derecho a la salud de las mujeres, quienes se estarían viendo privadas del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en el país.

En cuanto a la situación del Arco Minero del Orinoco, la falta de control estatal en la zona -en la que se han reiterado las denuncias por el control que ejercen grupos armados ilegales-, ha generado un estado de vulnerabilidad para habitantes de la zona, con un impacto desproporcional y diferenciado en mujeres, pueblos indígenas y en las poblaciones fronterizas.

Mujeres y violencias

En cuanto a la situación de violencia que enfrentan las mujeres en Venezuela, la CIDH destacó que persiste desde el 2016 la falta de registros de datos oficiales del Estado respecto a los femicidios en el país. En este sentido, la Comisión destacó la documentación realizada por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), quienes reportaron que del 1 de enero al 10 de septiembre de 2021 se consumaron 235 feminicidios y 41 en grado de frustración aproximadamente.

Además, la CIDH denunció el horario restringido de atención de la línea VEN911, lo cual limita la atención de casos de violencia contra las mujeres. La Comisión recuerda al Estado la importancia de contar con mecanismos para recopilar datos y disponer de información completa, desglosada y confiable de manera periódica.

En relación con el acceso a la justicia, la Comisión recibió información acerca de los diversos obstáculos que las mujeres enfrentan, destacando la falta de atención adecuada a víctimas de violencia y la falta de formación de personas servidoras públicas en materia de perspectiva de género. En este sentido, la Comisión urge al Estado a adoptar y mantener de manera obligatoria y constante capacitaciones al funcionariado público, especialmente personal vinculado con el sistema judicial, en competencias de género, derechos de las mujeres y derechos de las víctimas.

Salud sexual y reproductiva para mujeres y adolescentes

La Comisión expresó su preocupación por la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. En particular, toma nota de la falta de acceso a información y servicios de planificación familiar, lo cual ha tenido un impacto en la tasa de mortalidad materna.

La CIDH toma nota del informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas de 2021 que reporta el aumento de las tasas de mortalidad materna, registrando 98,87 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Asimismo, la Comisión ha recibido información sobre un aumento del 80% de escasez de métodos anticonceptivos gratuitos.

En este contexto, organizaciones de la sociedad civil reportan que mujeres jóvenes y en etapa reproductiva están siendo objeto de esterilizaciones coaccionadas como método anticonceptivo, en flagrante violación a los derechos a la integridad personal, a la igualdad y no discriminación, a la salud, a la vida privada y respeto a la autonomía de las mujeres y personas con capacidad de gestación.

Finalmente, la CIDH observa la persistencia de la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo, con excepción de aquellos casos en los que la mujer o la persona gestante corra riesgo de muerte. La Comisión reitera el llamado al Estado a eliminar las barreras de jure y de facto que impiden acceder a servicios de salud sexual, reproductiva y materna, así como a revisar su legislación restrictiva en materia de interrupción voluntaria del embarazo.

Por último, la Comisión urge al Estado a adoptar medidas legislativas, presupuestarias, de política pública y cualquier otra medida que sea necesaria para garantizar, sin discriminación alguna, la disponibilidad, accesibilidad, pertinencia y calidad de los establecimientos, bienes y servicios de salud sexual y reproductiva, bajo un enfoque interseccional y de género, incluyendo el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de peligro a la vida o la salud, así como en casos de violación e incesto.

Mujeres lesbianas, bisexuales, trans e intersex

La CIDH recibió información sobre actos de violencia contra personas LGBTI, incluyendo asesinatos que demostraron particulares niveles de ensañamiento y crueldad. Al respecto, la Comisión condenó el asesinato de una mujer trans ocurridos entre el 13 y 14 de junio en Caracas.

Además, se contó con información del asesinato de mujeres trans en San Carlos, estado Cojedes, Mérida y Miranda. Según información de la sociedad civil, hasta noviembre de 2021, habían sido reportado 16 casos de asesinatos contra personas LGBTI.

La Comisión también toma nota de testimonios públicos de personas trans, no binarias y de género diverso, quienes han denunciado actos de discriminación ante la falta de documentos de identidad y registros que reflejen adecuadamente su identidad y expresión de género. Por lo anterior, la CIDH reitera al Estado su llamado a garantizar la identidad de género de las personas trans, no binarias y de género diverso mediante la rectificación de imagen, nombre y marcadores de sexo/género en registros y documentos de identidad a través de un recurso interno, sencillo y expedito.

Puede leer el informe anual aquí