Por: Infomujer Venezuela
La gestión urbana ineficiente dibuja en los mapas de las ciudades áreas pobres, socialmente excluidas de recursos y con servicios públicos no planificados, problemas de contaminación ambiental y congestión, incluso más expuestas a riesgos y desastres. Latinoamérica con una población conjunta de 652 millones de personas, tiene ciudades densamente pobladas con una extensión territorial relativamente pequeña.
Muchos centros poblados muestran una extrema desigualdad de ingresos y calidad de vida, donde la brecha entre los más ricos y los más pobres es muy alta. Como resultado de esto, los problemas de movilidad y transporte persisten en medio de una débil gobernanza sobrepasada por problemas de salud y seguridad pública, que deja segmentos de población en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, con enfermedades crónicas, adultos mayores y pueblos indígenas resultan especialmente excluidos de la atención de sus necesidades básicas. El hecho de que Venezuela atraviese una emergencia humanitaria compleja agrava la situación de estos sectores y obliga a centrar los recursos de la ayuda internacional, además de en la atención de la emergencia, a acompañar a la ciudadanía en la vigilancia de las políticas públicas, que impactan en el bienestar de la población, como única vía de acabar con las causas de la crisis y frenar el desplazamiento forzado por la gestión gubernamental, que está afectando a toda la región y que no se detiene.
En lo que va de año, más de 3.500 venezolanos migrantes irregulares que viajan hacia Norteamérica han cruzado la peligrosa selva del Darién, frontera entre Colombia y Panamá, de acuerdo con las estadísticas oficiales panameñas.
La alternativa es promover iniciativas de desarrollo de capacidades para empoderar a las mujeres y nuevas generaciones, como está previsto en la Agenda Urbana promovida por ONU Habitat en 2020. Prestando especial atención a la lucha contra la discriminación que enfrentan los grupos vulnerables, ya mencionados a fin de transformar las actuales, en ciudades inclusivas y participativas, basadas en la colaboración cívica y la interacción social, que generan sentido de pertenencia y propiedad entre toda la población.
Redirigir los recursos del Estado con políticas públicas centradas en género, como la planificación adaptada a la edad, los grupos étnicos y a las personas con discapacidad es impostergable. Desde la gestión municipal, equivale a mejorar la infraestructura de saneamiento y agua, brindar mejores servicios de atención médica, adecuar la infraestructura de tránsito de manera urgente y no opcional. Aprovechando el potencial endógeno, las ventajas competitivas, el patrimonio cultural y los recursos locales.
Teniendo en cuenta que, en un lapso de 20 años, los hogares encabezados por mujeres aumentaron en una media del 9,8% en las zonas urbanizadas de América Latina. Además, debe hacerse con procesos de planificación y formulación transparente, con espacios para la opinión, participación y evaluación de las personas, ya que cuando los servicios de agua, saneamiento y gestión de desechos están ausentes o son limitados, la carga de acceder a éstos y las tareas conexas recaen sobre las mujeres, que deben dedicar mucho más tiempo para cubrir las necesidades básicas del hogar.
Por si fuera poco, las mujeres también son más susceptibles a sufrir violencia. Si bien aproximadamente 60% de habitantes de las zonas urbanas de los países en desarrollo han sido víctimas de delitos, las mujeres tienen el doble de probabilidades de sufrir violencia de género (ONU-Habitat, 2019). Por todo esto, incorporar la agenda urbana de la mano de las Organizaciones de ONU que trabajan en la ayuda humanitaria de nuestro país es el paso lógico. Evidentemente, esto requiere que el gobierno cumpla con la legislación nacional, que por ejemplo, contempla que los ingresos petroleros anuales que obtiene la república son ordinarios y por lo tanto el 20% debe ser asignado a las gobernaciones y alcaldías a través del situado constitucional, lo que no se hizo en el presupuesto de la Nación de este año, confiscando recursos del pueblo.
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