Prensa Codehciu
La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) determinó 50 víctimas de violencia contra la mujer en los primeros siete meses del 2024. Entre los casos 42 son de violencia física, 14 violencia psicológica, 9 de amenazas, 3 de acoso u hostigamiento, 2 de violencia sexual, 2 de abuso sexual, 1 de actos lascivos. Es importante aclarar que una mujer puede experimentar más de un tipo de violencia, es por eso que el registro mencionado anteriormente es superior al total de las víctimas.
La revictimización de parte de los funcionarios públicos es una realidad palpable que afecta considerablemente el proceso de las mujeres víctimas de violencia que deciden denunciar a sus agresores.
De acuerdo a las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad (2008) la victimización secundaria o revictimización es cuando el daño sufrido por la víctima es incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia.
La abogada Steffania Isturiz, aclara que aunque La Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia (LODMVLV) no aborda explícitamente el punto de la revictimización, si tiene disposiciones importantes que pueden ser de utilidad para mitigar esta problemática como el artículo 41:
“Los órganos receptores de denuncias deberán otorgar a las mujeres víctimas de los hechos de violencia previstos en esta Ley, un trato digno de respeto y apoyo acorde con su condición de afectada, procurando facilitar al máximo su participación en los trámites en que deba intervenir.”
A pesar de que la revictimización es un término poco utilizado, el ordenamiento jurídico venezolano identifica este concepto como violencia institucional. Problemática que está presente en los órganos receptores de denuncia en Venezuela, aunque no se evidencie en las cifras expuestas.
La LODMVLV define la violencia institucional como “acciones u omisiones que realizan las autoridades, funcionarias y funcionarios, (…) agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tengan como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta Ley.”
Este tipo de violencia perjudica exponencialmente el acceso a la justicia de las mujeres, niñas y adolescentes, comprometiendo su integridad física y emocional y a riesgo de continuar siendo víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones.
El Estado culpa a las mujeres víctimas de violencia
Valeria tiene 25 años, es madre, estudiante universitaria y manicurista. Su nombre fue cambiado para proteger su identidad. Hace un año aproximadamente conoció a un hombre en una aplicación de citas. La primera vez que se vieron, esta persona, agredió sexualmente contra ella.
“Me subí al vehículo con él y me llevó a su casa, con la excusa de que íbamos a buscar unas cosas (…). Ahí él me violó. El chico tomó fotos de cuando abusaba de mí”.
Al día siguiente Valeria fue a denunciar a la fiscalía. No se sintió bien atendida por el personal; la insultaron, humillaron y le faltaron el respeto.
Los funcionarios la cuestionaron por haber ido al día siguiente en lugar del mismo día; la insultaron en presencia del padre de su hijo, quien también es funcionario público; la culparon por no haberse defendido en el momento de la violación; y dejaron que el agresor la tocara el día de su audiencia.
Cuando fue a llevar su teléfono para ser examinado en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), la mujer que la atendió le pidió que le contara todo lo que sucedió nuevamente, a pesar de que estaba con su hijo. Después le dijo a Valeria que era una tonta y la culpó por lo que pasó.
La Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH) destaca que en los interrogatorios por delitos de violencia sexual “la investigación debe intentar evitar en lo posible la revictimización o reexperimentación de la profunda experiencia traumática a la presunta víctima”
En la primera audiencia; su fiscal, la persona que lleva su caso, que se supone tiene que defenderla, abogar por sus intereses y velar porque se respeten sus derechos; le dijo: “¿Tú estás segura que fuiste violada? Porque yo no lo creo.”
Debido al proceso de denuncia, Valeria tuvo que entregar evidencias, se sometió a varias pruebas psicológicas y chequeos médicos, tuvo que relatar en repetidas ocasiones los detalles de su caso.
“Qué ganas voy a tener yo de pasar por todo ese proceso, para que la persona que me defienda me pregunté si en realidad fui violada”, expresó.
La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos reportó, en un informe de 2022, la existencia de estereotipos y violencia de género en el sistema de justicia venezolano que incluyen amenazas, maltrato y violencia verbal.
Las consecuencias de revivir el elemento traumático
Revivir y perpetuar los hechos en la mente de un sobreviviente de violencia puede generar emociones y pensamientos negativos.
“Yo estaba analizando cómo morir sin sentir dolor”, confesó Adriana Pérez, una madre de 37 años que sufrió violencia informática, amenazas, acoso, hostigamiento y revictimización en Ciudad Guayana.
De acuerdo a la psiquiatra, Wilmara Merlín, la revictimización trae como consecuencia actitudes evasivas, depresión, trastornos de estrés postraumático, ideas suicidas y la sensación de culpa, angustia y ansiedad.
“Yo me sentía muy mal, (…) tenía terrores nocturnos. Yo me despertaba en la madrugada con una angustia y un temor como si ese día yo me fuera a morir.” contó Adriana. Ella sufría constantes ataques de pánico y un miedo indescriptible.
En cambio, Valeria le cuesta pensar en lo que le pasó, cuando habla de ese evento traumático su voz se quiebra, sus manos tiemblan y se le revuelve el estómago. “Lo que pasó es algo que he querido olvidar. Lo quise bloquear de mi mente”, dijo.
Los eventos de violencia a la que fue sometida repercutieron significativamente su salud física y mental; bajó de peso en consecuencia de la pérdida del apetito, sufrió de insomnio y estrés postraumático.
Valeria cree que la actitud de los funcionarios es una de las razones por las que muchas mujeres víctimas de violencia no avanzan en sus procesos de denuncias. “Ya entiendo porque muchas abandonan, porque se sienten solas, porque sienten que no son escuchadas y es bravo, es muy bravo que nos culpen”, expresó.
La Dra. Wilmara explica que cuando la víctima sufre revictimización “a veces deja de confiar en las autoridades o en las instituciones que lo pueden ayudar. Incluso, entra en duda en relación a la decisión que tomó de denunciar”.
De igual forma, la socióloga, Ana María Marín, opina que “cuando una mujer deja de creer en el sistema judicial, su frustración trasciende socialmente, lo que estimula que otras mujeres con casos similares, no desean perder tiempo y dejan sus casos de lado.”
La revictimización en casos de abuso en NNA
En el año 2023 el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) contabilizó en el territorio nacional un total de 171 adolescentes y 153 niños y niñas víctimas de violación y otras agresiones sexuales. El 89% de las víctimas de violación y delitos sexuales son niños y niñas menores de 12 años de edad.
Valentina, es una madre de 32 años, su nombre fue cambiado para proteger su identidad. Tiene dos hijos, un niño de 9 y una niña de 5. Hace más de dos años que este caso se encuentra en investigación. La hija menor fue abusada sexualmente por su abuelo y abuela paterna, y su hijo mayor fue maltratado por su padrastro.
A finales del mes de julio, tras años de espera, la familia logró que se imputaran cargos a sus agresores. El proceso está en trámite. Según la organización Save the Children, de cada 10 casos de abuso sexual a menores abiertos en los tribunales, siete no llegan nunca a juicio.
Para Valentina este proceso ha sido traumático, doloroso y estresante debido a la obstaculización de su acceso a la justicia y el comportamiento negligente de los funcionarios públicos. “Son personas que simplemente no tienen empatía con el ciudadano, son personas que no se solidarizan de ninguna forma con las víctimas” caracterizó.
Aunque Valentina también fue violentada psicológicamente y verbal por su expareja, decidió no denunciar para priorizar su energía y recursos en el caso de sus hijos. “Cuando yo fui a la Fiscalía decimosexta no me gustó el trato que me dieron, prácticamente minimizaron mi situación”
Para ella, esta experiencia ha repercutido en su vida y reconoce que le afecta psicológicamente ir a la Fiscalía. “Ir a esos sitios me dan ganas de ir al baño, me dan ganas de vomitar, me da ansiedad, me da de todo. Es una cosa espantosa, es como cuando te han golpeado tanto y ya quedas traumatizado porque sabes que si vas para allá te van a golpear”
Responsabilidad del Estado
La violencia basada en género es un problema generalizado y sistemático que afecta directamente a las personas más vulnerables como las mujeres, niñas y adolescentes, y el Estado tiene la responsabilidad de velar por sus derechos como el acceso a la justicia y el respeto a la dignidad humana.
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Šimonović, en un informe del 2021 insta a los gobiernos ha adoptar otras medidas para apoyar a la víctima y proteger su intimidad, a evitar el contacto entre la víctima y el agresor y permitir que la víctima testifique en la sala del tribunal sin estar presente o, al menos, sin la presencia del presunto infractor.
Aunado a esto, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía exhorta al Estado venezolano a capacitar en perspectiva de género y derechos humanos a funcionarios del sistema de justicia: jueces, fiscales, policías; asimismo, se insta a publicar estadísticas sobre los delitos contra la mujer de todos los estados del país y difundir campañas de sensibilización sobre la violencia basada en género.