Este 30 de junio se realizó la sesión de adopción del Tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU o UPR por sus siglas en inglés), mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) que tiene como propósito reforzar los compromisos de los Estados de la ONU con sus obligaciones en materia de derechos humanos a través de una evaluación de su cumplimiento por ciclos consecutivos que abarcan períodos de 5 años.
El 25 de enero de 2022 se llevó a cabo la sesión de examen y, en esta nueva sesión se efectuó un diálogo interactivo entre los Estados, junto con la sociedad civil, para adoptar y evaluar los principales resultados del examen, considerando los temas de preocupación y las recomendaciones que los Estados participantes presentaron al Estado venezolano para contribuir a que se garanticen los derechos humanos en el país.
Tanto los temas como las recomendaciones se basan en la revisión del informe que presenta el Estado examinado, en la documentación contenida en los informes de órganos del sistema de protección internacional y de otras partes interesadas, entre las que se encuentran las organizaciones de la sociedad civil, que recopila la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACNUDH), a cargo de la Secretaría del EPU. A medida que avanzan los ciclos, incluye el grado de implementación de las recomendaciones recibidas en ciclos anteriores. Para este tercer ciclo de Venezuela, la Secretaría del EPU recibió un total de 174 informes de organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, que en su mayoría trabajan en la defensa de derechos con carácter independiente. Gran parte de estos informes se enfocaron en 34 temas de alta relevancia sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, los cuales se encuentran en una profunda crisis desde hace dos décadas, observada en severos retrocesos estructurales y sistemáticas violaciones que han causado masivas privaciones y graves lesiones a la vida, integridad, seguridad, libertades y a las condiciones económicas y sociales de la población venezolana, desencadenando desde 2016 una Emergencia Humanitaria Compleja a escala nacional, con una respuesta que ha enfrentado restricciones.
El mecanismo del EPU es complementario a los exámenes de los principales tratados o pactos internacionales de derechos humanos que los Estados se comprometen a presentar cuando los ratifican. Estos exámenes se realizan ante Comités de expertos independientes creados por los tratados para supervisar que se adopten, de acuerdo con las obligaciones establecidas, en el ordenamiento jurídico, institucional, político, económico y social de cada país. Suscribir los tratados, cooperar con todos los órganos y mecanismos de protección, estar al día con los exámenes de los tratados y poner en práctica las recomendaciones emanadas de los Comités, también forma parte de las cuestiones examinadas en el EPU. Venezuela ha ratificado 8 de los 9 tratados principales y ha recibido, desde la década pasada hasta la fecha, cerca de 3.000 recomendaciones, incluidas las del EPU en los ciclos de 2011 y 2016. Desde 2018, se han activado seis mecanismos de investigación y asistencia internacional en derechos humanos, cuyas actividades continúan en proceso con serios obstáculos y limitaciones para cumplir su trabajo.
Estos mecanismos activados son: el seguimiento de la ACNUDH por mandato del CDHNU y la presencia de un equipo de protección y asistencia de la OACNUDH en el país, la instalación de un Equipo Humanitario de País en territorio nacional para llevar a cabo planes de asistencia y protección a personas con necesidades humanitarias, la Misión de Determinación de los Hechos del CDHNU, la Comisión de Encuesta de la OIT y la investigación que lleva adelante la CPI por indicios de crímenes de lesa humanidad.
Al mismo tiempo, 9 procedimientos especiales esperan por aprobación de visitas solicitadas al país, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha continuado celebrando audiencias, manteniendo a Venezuela en el capítulo cuarto de su informe anual, para aquellos países con situaciones y amenazas preocupantes en los derechos humanos, que requieren especial atención por parte de la Comisión.
Venezuela recibió un total de 328 recomendaciones en este tercer ciclo, formuladas por 115 de los 193 Estados integrantes de la ONU. Tanto el número de Estados examinadores como el de recomendaciones recibidas por el Estado venezolano se incrementaron, en comparación con los pasados ciclos, lo cual indica un acumulado de recomendaciones pendientes y una constante preocupación de la comunidad internacional sobre los factores que siguen causando la crisis de derechos humanos y la Emergencia Humanitaria Compleja, que afecta a más del 60% de la población.
Recomendaciones que recibió el Estado venezolano, por grandes temas
Un 33,8% de las recomendaciones emitidas estuvieron relacionados con el cumplimiento de compromisos del Estado venezolano en su cooperación con los mecanismos internacionales activados, dándoles acceso al país, así como ampliando y facilitando su trabajo, en particular la OACNUDH, FFM, CPI, CIDH y las visitas de 9 relatores especiales. En estos compromisos se incluyó la necesidad de adecuar las instituciones, políticas y planes del Estado a los estándares internacionales de garantías de protección, con mención particular a la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo. También tuvieron una destacada importancia las recomendaciones de medidas para garantizar un entorno seguro y propicio a la sociedad civil, en particular a la legítima labor de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, organizaciones humanitarias, activistas sociales, sindicales, gremiales y políticos.
En un 23%, las recomendaciones estuvieron referidas a temas que presentan amplios retrocesos estructurales en las instituciones del país, como el restablecimiento del Estado de Derecho y garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial, la separación de poderes y los derechos procesales. Igualmente se exhortó a continuar el diálogo y las negociaciones políticas, aceptar la celebración de elecciones libres y justas, permitir el libre acceso de las organizaciones internacionales y locales para atender la emergencia humanitaria compleja, investigar los delitos graves por cuerpos de seguridad, con rendición de las cadena de mando, así como los delitos de corrupción por extracción ilícita de oro en el Arco Minero, abordar la presencia de grupos armados y aprobar un marco jurídico adecuado para afrontar los urgentes desafíos ambientales.
El 22,6% de recomendaciones se orientaron a violaciones de los derechos civiles y políticos en materia de tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales; trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, prostitución forzada y esclavitud sexual; prisión preventiva de forma desproporcionada; uso de tribunales militares para juzgar a civiles; decisiones judiciales para intervenir partidos políticos, inhabilitar a dirigentes de oposición y anular la voluntad de los venezolanos; injerencia y regulación para criminalizar y reprimir las libertades de expresión, religión, asociación y reunión pacífica; clausura de medios de comunicación independientes; represión y persecución por motivos políticos; uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos; intervención de las universidades e irrespeto a la libertad académica; participación política y pública discriminatoria; y falta de prevención y justicia para los casos de violencia basada en género y modificar la legislación para que se garantice el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas LGBTI.
Finalmente, 20,4% de las recomendaciones se enfocaron en violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, presentando medidas para garantizar atención médica y acceso a medicinas, y reanudar los programas de salud suspendidos, al igual que alcanzar la vacunación completa contra la COVID. Además, se recomendó tomar medidas para dar respuesta a la inseguridad alimentaria y las deficiencias de calidad de la educación en todos los niveles; recuperar los servicios básicos de agua potable, electricidad y saneamiento; así como asegurar un desarrollo económico inclusivo para reducir la pobreza y erradicar la pobreza extrema, y el acceso a los programas de protección social, sin discriminación alguna. Entre las poblaciones específicas tuvieron especial mención los derechos a las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, las personas en cárceles y los pueblos y comunidades indígenas.
Recomendaciones aceptadas y anotadas por el Estado Venezolano
El 6 de junio de 2022, tras 4 meses de haberse realizado la sesión de examen y a 3 semanas para la sesión de adopción, el CDHNU publicó el informe del Estado venezolano, denominado “addendum”, que los Estados examinados pueden presentar para manifestar su posición acerca de las recomendaciones recibidas cuando tienen objeciones. Aun cuando los Estados pueden expresar su rechazo a ciertas recomendaciones, estas solo se clasifican en “aceptadas” y “anotadas”. Las primeras son las que el Estado se compromete a implementar o considera en implementación y, las segundas, son aquellas que el Estado no adoptará en el período de años que sigue al examen o no apoya. El Estado venezolano aceptó 221 de las 328 recibidas, con lo cual redujo su récord de disposición a implementar recomendaciones, de 70,4% a 67,4% entre el 2do y 3er ciclo, dejando sin apoyo un total de 107, que tocan temas sustantivos para solucionar la crisis de derechos humanos en Venezuela.
| Ciclos | Países | Recomendaciones | Promedio | % Aceptadas |
| 1ero – 2011 | 115 | 328 | 2,8 | 67,4 |
| 2do – 2016 | 96 | 274 | 3,2 | 70,4 |
| 3ero – 2021 | 48 | 148 | 6,4 | 64,2 |
De las 221 recomendaciones aceptadas, el Estado se comprometió a implementar 36% y consideró que 31% estaban en implementación. Entre las anotadas, disminuyó levemente el porcentaje de no apoyo, de 19% a 18%, y aumentó de 10,2% a 14,6% aquellas de las que tomó nota, en comparación con el segundo y primer ciclo.
El Estado venezolano tomó nota de 48 recomendaciones, de las cuales 39 corresponden a los temas de compromisos del Estado, 5 a derechos civiles y políticos, 3 a temas estructurales y solamente 1 a derechos económicos, sociales y culturales. De acuerdo con la posición del Estado, estas recomendaciones se anotaron por estar redactadas en una forma que impide asegurar su implementación, por el momento.
El primer grupo de recomendaciones de las que se tomó nota fueron las referidas a la ratificación de 4 tratados (Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos de la OIT, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961) y la adhesión a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Entre los tratados a ratificar también se mencionaron el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones.
Un segundo grupo de recomendaciones de las que el Estado tomó nota fueron las de aplicar plenamente las recomendaciones de los informes de la ACNUDH y aceptar la instalación de una oficina permanente en el país de este organismo, y las recomendaciones de cursar invitación permanente y sin restricciones a los procedimientos especiales. También anotó las recomendaciones siguientes: a) trabajar con las organizaciones humanitarias para hacer frente a la emergencia humanitaria compleja, incluyendo el Programa Mundial de Alimentos; b) promover la participación en igualdad en los asuntos políticos y públicos para superar la actual crisis política y humanitaria; c) combatir la impunidad en las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tortura, examinando la responsabilidad y garantizando la rendición de cuentas de los más altos niveles de la cadena de mando; y c) abordar la presencia de grupos armados no estatales y la corrupción en la extracción ilícita de oro en el Arco Minero del Orinoco (AMO), poniendo fin a las violaciones de los derechos humanos que se producen en la región del AMO.
Específicamente el Estado venezolano consideró no implementables en corto tiempo, la recomendación de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la de garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos, en la cual se específica la atención de abortos en condiciones de seguridad. Asimismo, el Estado anotó las recomendaciones que mencionaron la eliminación del requisito legal de registro en la Oficina contra la Delincuencia Organizada y la anulación de las restricciones al espacio cívico y democrático en el país.